Luego de que la Cámara de Diputados rechazara su propuesta de reforma electoral constitucional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará al Congreso un “plan B” en materia electoral, enfocado principalmente en reducir privilegios en congresos locales y ayuntamientos, así como ampliar mecanismos de participación ciudadana.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la nueva propuesta buscará establecer topes al presupuesto de los poderes legislativos estatales, al considerar que existen grandes diferencias en el gasto por legislador entre entidades del país.
Como ejemplo, mostró una tabla comparativa del presupuesto de los congresos locales para 2026, en la que se evidencian variaciones significativas en el costo que representa cada diputado estatal.
El caso de Baja California Sur
En esa comparación aparece Baja California Sur, donde el Congreso local cuenta con 21 diputados, para una población aproximada de 798 mil habitantes.
De acuerdo con los datos presentados, el Poder Legislativo de Baja California Sur tiene un presupuesto anual de 308 millones 112 mil pesos, lo que representa un costo promedio de 14 millones 673 mil pesos por cada legislador local.
Aunque la presidenta aclaró que este monto no corresponde directamente al salario del diputado —pues incluye gastos administrativos, pago de personal, servicios y operación del Congreso—, señaló que este tipo de cifras evidencian la necesidad de revisar el uso de recursos públicos en los poderes legislativos estatales.
Tope al gasto legislativo
Sheinbaum explicó que el plan B propondrá establecer un límite al presupuesto de congresos locales y del Senado, con el fin de reducir gastos excesivos y destinar esos recursos a obras y necesidades sociales en los estados y municipios.
“El objetivo es seguir disminuyendo los privilegios que todavía existen en el sistema político”, afirmó.
Menos regidores y más consulta ciudadana
Otro de los puntos de la propuesta consiste en revisar el número de regidores en los ayuntamientos, ya que —según expuso— algunos municipios cuentan con plantillas demasiado amplias que representan un gasto considerable para los gobiernos locales.
La iniciativa también busca ampliar los mecanismos de participación ciudadana, permitiendo que algunos temas electorales, como el financiamiento a los partidos políticos, puedan someterse a consulta popular.
Asimismo, plantea ampliar la posibilidad de la revocación de mandato, para que este ejercicio pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, y no únicamente en el cuarto año como ocurre actualmente.
La presidenta indicó que la iniciativa se enviará al Congreso el próximo lunes, una vez concluida su redacción final.
