En su narrativa, los gobiernos emanados de la “Cuarta Transformación” se pronuncian por que “lo público debe ser más público” y cuando les conviene que el “pueblo es sabio”.
Pero en el caso de los planes de desarrollo urbano, los principales reglamentos para definir el rumbo del desarrollo de un municipio o comunidad, el gobierno de La Paz de la morenista Milena Quiroga y el gobierno del petista Christian Agúndez de Los Cabos han actuado de espaldas a ese “pueblo sabio”.
Se habría pretendido favorecer con estos instrumentos intereses particulares por sobre los derechos de la mayoría.
Por eso, este año a los gobiernos de La Paz y Los Cabos les ha estallado en la cara el descontento social.
En Los Cabos la mayoría del Cabildo aprobó que en la tercera actualización del Plan de Desarrollo Urbano se dejara en desuso 3.5 km del camino costero a Cabo del Este, bajo el argumento del cumplimiento de un amparo a favor de un desarrollador, sin que antes ni durante la presentación y lectura del instrumento en el pleno de la comuna se hubiera informado de la situación a la ciudadanía.
El tema se omitió por parte de la Comisión de Desarrollo Urbano al dar lectura al resumen de documento y tuvo que ser expuesto por una regidora.
Pero más aún, la misma comisión realizó más de 25 cambios al documento que ya había sido analizado y socializado en el periodo de consulta pública sin notificar a nadie.
Por ello en Los Cabos la sociedad se inconformó, protestó en el informe de 100 días de la Administración Municipal, se presentaron en la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum y motivaron que el gobernador Víctor Castro procediera a la reapertura física del camino costero que había permanecido cerrado una década por proyectos turísticos.
Por la opacidad del XV Ayuntamiento de Los Cabos, por un solo tema de un interés particular que se pretendió que “pasara de noche”, hoy el muy necesario instrumento de planeación para dar certeza al crecimiento y desarrollo urbano del municipio está en el limbo.
En el caso de La Paz, en 2023 en el pasado Ayuntamiento que también encabezaba Milena Quiroga, el Cabildo aprobó el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de Todos Santos-Pescadero-Las Playitas, sin que en su momento se conocieran sus alcances por la mayoría de los paceños, ni siquiera de los más interesados, los Todosanteños.
No fue sino hasta que comenzó a construirse un desarrollo turístico en la zona del Palmar de Todos Santos que se prendieron los “focos rojos” y e inició la movilización ciudadana.
Fue entonces que se conoció que el PSDU aprobado dos años atrás no habría cumplido con la socialización del instrumento por medio de una consulta pública como marca la ley.
Inconformes han señalado que de 303 personas que supuestamente participaron en la consulta, sólo 23 fueron de Todos Santos, es decir muy pocos conocieron y opinaron sobre el futuro de su comunidad.
Los todo santeños por eso han salido a ganar las calles y manifestarse, mantienen redes de información y comunicación para definir acciones.
La movilización social ha valido que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente haya clausurado temporalmente la obra en construcción del desarrollo que se pretende en el palmar, que “casualmente” no contaba con los permisos federales en materia ambiental.
En un encuentro para “escuchar” a los pobladores la alcaldesa Milena Quiroga se inconformó por que “nadie había ido a buscarla para plantear dudas sobre el PSDU”, que además dijo, “es muy técnico” y “muy pocos le entienden”.
¡Esa es su chamba!, informar de manera sencilla y clara estos temas a sus gobernados.
Pero para “el pueblo sabio” no es muy difícil entender cuando una acción de gobierno se esta haciendo a sus espaldas.
En Los Cabos se detuvo por el momento la intención de dejar en desuso un camino costero.
En La Paz se canceló una obra en un palmar.
La movilización social funciona.
Estallido social contra la opacidad de los gobiernos.