Durante una conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo realizada la semana pasada, se retomó el caso de extracción ilegal de agua detectado en Los Cabos que fue presentado como ejemplo de las prácticas que busca erradicar la nueva Ley de Aguas mediante sanciones más severas.
El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, explicó que este tipo de esquemas operaban bajo un modelo permisivo que facilitaba el aprovechamiento indebido del recurso. Detalló que, tras la detección de las irregularidades, se procedió a la clausura de los puntos de extracción y al inicio de procesos penales contra los responsables.
De acuerdo con la dependencia, los hechos fueron identificados el pasado 10 de febrero de 2026, cuando se localizaron dos aprovechamientos ilegales que operaban con un gasto aproximado de 16 litros por segundo cada uno. A través de estas tomas clandestinas se abastecía un promedio de 120 pipas diarias, lo que representaba cerca de 8 mil 400 metros cúbicos de agua a la semana.
Durante la verificación, se detectó que los responsables instalaron infraestructura conectada al acueducto II, el cual está destinado a suministrar agua potable a Cabo San Lucas. En lugar de permitir que el recurso llegara a la población, el flujo era interceptado para llenar pipas que posteriormente comercializaban el agua.
Morales subrayó que con la nueva legislación este tipo de conductas será castigado con mayor rigor, al contemplar multas de hasta 234 mil pesos y penas de hasta cinco años de prisión, lo que fortalece la capacidad de las autoridades para combatir el uso ilegal del agua.
Señaló que la nueva Ley de Aguas representa un cambio estructural orientado a terminar con privilegios en la distribución del recurso. Entre sus principales medidas se encuentra la eliminación de la transmisión de derechos entre particulares, con lo que se busca erradicar el mercado negro del agua; la prohibición de cambios de uso de suelo de agrícola a otros fines lucrativos; la limitación de la cuota de garantía para evitar el acaparamiento; y el fortalecimiento de las facultades de supervisión y sanción de la autoridad.