La Paz, Baja California Sur. – Con el objetivo de garantizar el acceso a la tierra y fortalecer los derechos agrarios de las mujeres rurales, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres (ISMUJERES), y la Procuraduría Agraria (PA) firmaron un convenio de colaboración que busca combatir la desigualdad histórica en el sector.
El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, acompañado por el titular de la Procuraduría Agraria, Víctor Suárez Carrera, y la directora de ISMUJERES, Berenice Serrato Flores, destacó que el acuerdo es una herramienta concreta para avanzar hacia la igualdad sustantiva en el campo sudcaliforniano.
“Creo firmemente en una justicia agraria que no solo reconozca derechos, sino que los haga efectivos y tangibles; que se traduzca en decisiones, en participación y en voz para todas”, expresó Castro Cosío.
Reducir brechas en el campo
Actualmente, en Baja California Sur solo el 34 por ciento de las mujeres cuenta con derechos agrarios, lo que evidencia la brecha en el acceso a la tierra. Este convenio busca revertir esa realidad mediante acciones conjuntas de acompañamiento legal y administrativo, para que más mujeres puedan obtener el reconocimiento de su calidad agraria y la seguridad jurídica de sus tierras.
Serrato Flores subrayó que el acuerdo también permitirá combatir la violencia patrimonial y fomentar la participación activa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en sus comunidades.
Acciones para cambiar la realidad rural
Las instituciones se comprometieron a realizar talleres, asesorías y gestiones ante los órganos agrarios, para que las mujeres en situación de desventaja puedan acceder a la propiedad social de manera justa y sin discriminación.
“Alcanzar la igualdad sustantiva en la propiedad social requiere más que voluntad; se necesitan acciones que coloquen al centro a las mujeres y reconozcan su diversidad, sus trayectorias y sus aportes a la comunidad”, enfatizó el gobernador.
Con esta alianza, el Gobierno del Estado y la Procuraduría Agraria buscan que las mujeres rurales tengan voz y voto en el desarrollo del campo, asegurando que sus derechos agrarios sean respetados y se traduzcan en mejores condiciones de vida para ellas y sus familias.