La Paz, Baja California Sur.– Con penas de hasta 20 años de prisión para delitos relacionados con corrupción, fue presentada una iniciativa en el Congreso del Estado que plantea endurecer de manera significativa el castigo contra servidores públicos que incurran en estas conductas, donde se destaca que hay desproporcionalidad en las penas por delitos de robo, contra los de corrupción que son de mayor monto que los primeros, pero además son en daño al patrimonio público.
La propuesta, impulsada por la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, que se incluye en el orden del día de la sesión de este jueves, contempla reformas al Código Penal de Baja California Sur con el objetivo de aumentar las sanciones en delitos como peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y ejercicio abusivo de funciones.
Entre los cambios más relevantes destaca que el delito de peculado —uso indebido de recursos públicos— podría alcanzar penas de hasta 20 años de prisión en los casos de mayor monto, convirtiéndose en la sanción más alta dentro de la iniciativa.
Asimismo, se propone elevar las penas por cohecho, que en los casos más graves pasarían a un rango de 8 a 15 años de prisión, mientras que delitos como el enriquecimiento ilícito y el uso indebido de atribuciones también contemplan sanciones de hasta 15 años.
En el caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la pena aumentaría de un rango actual menor a uno de 5 a 15 años de prisión, además de multas económicas más elevadas.
La iniciativa también refuerza la aplicación del decomiso de bienes cuya procedencia no pueda ser acreditada, como parte de las sanciones contra quienes incurran en enriquecimiento ilícito.
En su exposición de motivos, la legisladora argumenta que actualmente existe una desproporción en las penas, ya que algunos delitos patrimoniales como el robo pueden castigarse con mayor severidad que actos de corrupción que implican mayores montos y daño al erario público.
Bajo este planteamiento, la reforma no crea nuevos delitos, pero sí busca aumentar el costo legal de la corrupción, reducir la impunidad y establecer castigos ejemplares para inhibir estas prácticas en la administración pública estatal.
De avanzar en el proceso legislativo, la iniciativa implicaría uno de los ajustes más relevantes en materia penal anticorrupción en Baja California Sur en los últimos años.