A través de un boletín, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reculó ante las declaraciones del titular de la dependencia, Antonio López Rodríguez, aclarando que el hallazgo de personas desaparecidas en inhumaciones clandestinas sí puede derivar en la configuración de diversos delitos graves contemplados en las leyes locales y federales.
López Rodríguez, explicó que la localización de restos humanos en este tipo de sitios no solo representa una tragedia humana, sino también un hecho delictivo que debe ser investigado por las autoridades.
Señaló que el ocultamiento de un cuerpo y la disposición ilegal de restos humanos son conductas que la institución persigue de oficio.
De igual manera, el funcionario lamentó que exista confusión sobre este tema tras declaraciones emitidas en entrevistas con algunos medios de comunicación en Los Cabos, motivo por el reiteró que cada hallazgo de este tipo activa de manera inmediata los protocolos de investigación criminal.
El procurador aseguró que la prioridad de la dependencia es garantizar el respeto a la dignidad de las víctimas y el derecho de sus familiares a la verdad y la justicia.
La PGJE agregó que mantiene coordinación con las instituciones que integran la Mesa de Seguridad de Baja California Sur para identificar, localizar y llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos.
Para finalizar, Antonio López reconoció el trabajo técnico y jurídico de agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de investigación criminal de la dependencia, así como la participación de colectivos de búsqueda y madres buscadoras en su derecho legítimo de acceder a la verdad y la justicia.