La Paz, BCS.– La diputada de Morena, Guadalupe Vázquez Jacinto, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur que plantea prohibir a desarrolladores de vivienda entregar como donación áreas inutilizables, así como negar nuevos permisos a quienes hayan incurrido en fallas en proyectos anteriores.
De acuerdo con la orden del día oficial del Congreso del Estado, la propuesta será presentada en la sesión ordinaria programada para este jueves, donde se dará entrada formal al proyecto para su análisis legislativo.
La iniciativa busca cerrar vacíos legales que, según la legisladora, han permitido el desarrollo de fraccionamientos con deficiencias en infraestructura y sin espacios públicos funcionales para las familias.
Entre los puntos centrales, se establece que los ayuntamientos no podrán aceptar como áreas de donación terrenos en condiciones no aptas, como lechos de arroyo, zonas con pendientes pronunciadas o superficies que no puedan ser utilizadas para parques, áreas verdes o equipamiento urbano.
Asimismo, se plantea que el 10% del área lotificable que los desarrolladores deben ceder al municipio se distribuya obligatoriamente en un 60% para parques, jardines y espacios recreativos, y un 40% para equipamiento urbano, con el fin de garantizar su utilidad social.
Otro de los ejes de la reforma establece que, antes de autorizar nuevos desarrollos, las autoridades deberán realizar inspecciones a proyectos previamente construidos por las mismas empresas, a fin de verificar la calidad de la infraestructura.
En caso de detectarse deficiencias o incumplimientos, se contempla negar nuevas autorizaciones hasta que las fallas sean corregidas, además de aplicar las sanciones correspondientes.
La propuesta también incorpora criterios más estrictos en materia de planeación urbana, como vialidades acordes al flujo vehicular, condiciones para transporte público y accesibilidad para personas con discapacidad.
De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa responde al crecimiento acelerado de ciudades como La Paz y Los Cabos, donde la expansión de fraccionamientos ha generado problemas de movilidad, falta de espacios públicos y afectaciones al patrimonio de las familias.