Con el objetivo de combatir la normalización de la violencia y frenar la difusión indebida de información sensible relacionada con feminicidios y homicidios, la diputada Karina Olivas Parra presentó una iniciativa para adicionar el artículo 217 Bis del Código Penal de Baja California Sur.
La propuesta busca sancionar a servidores públicos de los sectores Salud, Protección Civil, Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia, así como de cualquier área vinculada a la cadena de justicia, que difundan o compartan material sensible obtenido con motivo de su cargo y que vulnere la dignidad, intimidad, honor y privacidad de las víctimas o de sus familiares.
De aprobarse, la reforma establecería penas de tres a siete años de prisión, además de multas de trescientas a ochocientas UMA, para quien difunda, entregue, publique, transmita, distribuya, reproduzca, filme, fotografíe u oferte imágenes de cadáveres, indicios, evidencias u objetos relacionados con investigaciones penales.
La iniciativa contempla un incremento de hasta una tercera parte de la sanción cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, al considerar que estos casos generan un mayor impacto en la esfera personal y social.
Olivas Parra subrayó que la reforma representa un reconocimiento y homenaje a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en dos mil veinte, así como a todas las personas cuya dignidad fue vulnerada tras la difusión de imágenes y datos sensibles posteriores a su muerte.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación y se enmarca dentro de la conocida “Ley Ingrid”, un conjunto de reformas que buscan sancionar tanto a servidores públicos como a particulares que compartan imágenes, audios, videos o documentos de víctimas de violencia.
El objetivo central de esta legislación es evitar la revictimización, así como la discriminación y estigmatización derivadas de la exposición pública de material sensible, garantizando la seguridad emocional, dignidad e intimidad de las víctimas y sus familias.
Hasta ahora, la “Ley Ingrid” ha sido aprobada en entidades como Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Nayarit, mientras que otros estados como Puebla, Jalisco, Quintana Roo y Querétaro han presentado iniciativas similares.
La diputada destacó que el Congreso de Baja California Sur ha avanzado en la actualización del marco penal en favor de los derechos de las mujeres, mediante leyes como Paola Buenrostro, Melanie, Monzón, Monse, Alina y Olimpia, entre otras.