La Paz, Baja California Sur.– El Congreso del Estado analiza una iniciativa de reforma a la Ley de Educación de Baja California Sur que plantea la suspensión inmediata y preventiva de docentes, directivos y personal administrativo cuando existan denuncias o investigaciones en curso por delitos de naturaleza sexual, maltrato o agresiones en agravio de niñas, niños y adolescentes dentro del ámbito escolar.
La propuesta fue presentada por el diputado Venustiano Pérez Sánchez, integrante de la fracción parlamentaria de Morena, y tiene como objetivo central priorizar la protección de las víctimas y el interés superior de la niñez, evitando que personas señaladas por conductas graves permanezcan en contacto con la comunidad escolar mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con la iniciativa, cuando los hechos denunciados involucren a personal docente, directivo o administrativo, estos deberán ser separados de manera inmediata del aula y del centro educativo, sin que ello implique una prejuzgación, hasta que las autoridades de procuración e impartición de justicia determinen su responsabilidad o inocencia.
El planteamiento establece que esta medida preventiva es indispensable para evitar la revictimización, reducir riesgos para las y los estudiantes y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las investigaciones penales, las cuales deberán llevarse a cabo sin interferencias administrativas ni mecanismos de mediación interna.
La iniciativa también busca eliminar prácticas burocráticas que, en la legislación vigente, han permitido retrasos en la atención de casos de violencia escolar, al precisar que toda denuncia por delitos sexuales o agresiones contra menores deberá presentarse de forma inmediata y directa ante el Ministerio Público, sin actas internas, conciliaciones ni investigaciones escolares previas.
Asimismo, se contempla que la omisión de denunciar por parte del personal educativo será considerada una infracción grave, con posibles responsabilidades administrativas y penales, reforzando la obligación legal de actuar ante cualquier indicio de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
El legislador promovente señaló que la reforma pretende cerrar vacíos legales y asegurar que los planteles educativos sean espacios seguros, donde la protección de la niñez esté por encima de cualquier interés corporativo o administrativo, fortaleciendo la coordinación entre el sistema educativo y las autoridades de justicia.