Los prestadores de servicios turísticos de la bahía de Cabo San Lucas que se han manifestado desde el año pasado en contra de la implementación de un brazalete que se les cobra a los turistas por visitar el Arco, recibieron una respuesta de parte de las autoridades municipales, las cuales anunciaron que solicitaron a las dependencias federales una serie de acciones para no afectarlos, entre ellas la disminución del cobro.
En su transmisión especial de los viernes, el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro sostuvo una plática con el exgerente de la Administración Portuaria Integral (API), Fernando Hoyos a quien comisionó para que mediara la situación con la autoridad federal para que no se afectará el bolsillo de los trabajadores quienes alegan que con este cobro que les hacen a turistas por visitar el arco ya no reciben propinas.
Fernando Hoyos explicó que este tipo de cobros están establecidos desde 1981, en el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, donde se señala un cobro por uso y aprovechamiento de la Áreas Naturales Protegidas como el Arco de Cabo San Lucas, y aunque está conforme a la ley, expuso que se han entregado 11 recomendaciones a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para socializar el tema.
Detalló que dentro de las recomendaciones, se propone la conformación de un fideicomiso y que el recurso que se genere de los brazaletes (los cuales son vendidos a 58 pesos al turista nacional y 3 dólares al extranjero) se quede en Los Cabos para el mejoramiento de la infraestructura, de la capacitación, desarrollo y vigilancia de la bahía de Cabo San Lucas.
En un ejemplo, exhibió que el monto que se podría generar por este cobro es de al menos 120 millones de pesos anuales, estimando que de un aproximado de 5 millones de turistas que recibe el destino al año, alrededor de 2 millones visiten el arco de Cabo San Lucas; por lo que significa mucho para la bahía que ese recurso se invirtiera ahí.
Otras de las solicitudes a la Conanp es que cese el hostigamiento hacia los prestadores de servicios turísticos y que la inspección de venta de brazaletes a los turistas se haga con apego a los derechos humanos; sobre todo, que se comunique con la ciudadanía el marco legal y se explique al turismo el destino que tendrá el recurso.
