CDMX.-A partir de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contará con facultades ampliadas de fiscalización, tras las reformas al Código Fiscal de la Federación aprobadas por el Congreso de la Unión, lo que ha generado preocupación entre especialistas por el posible impacto en contribuyentes y en la actividad económica.
De acuerdo con fiscalistas, las modificaciones legales, aunque enfocadas en el combate a las denominadas “empresas factureras”, incorporan mecanismos que consideran abusivos, invasivos y de alto riesgo para personas físicas y morales que cumplen con sus obligaciones fiscales.
Entre los principales cambios destaca la creación de un procedimiento exprés que permitirá al SAT detectar y sancionar el uso de comprobantes fiscales presuntamente falsos, reduciendo de manera significativa los tiempos de aclaración y defensa para los contribuyentes involucrados.
Asimismo, las reformas armonizan el marco fiscal con delitos que ameritan prisión preventiva, lo que abre la posibilidad de que un juez ordene la privación de la libertad por cualquier actividad relacionada con facturación irregular, tanto para quienes emiten como para quienes reciben los comprobantes.
A estas medidas se suma la facultad de suspender de forma inmediata la emisión de facturas, lo que podría congelar operaciones empresariales mientras se determina la situación legal del contribuyente.
Las nuevas atribuciones del SAT también incluyen la publicación de nombres de presuntos factureros, la imposición de plazos reducidos y bajo presión a terceros para responder requerimientos, la realización de visitas domiciliarias sin orden judicial y la fiscalización en tiempo real de operaciones digitales.
Especialistas en materia fiscal advirtieron que este conjunto de medidas coloca a los contribuyentes en una posición de desventaja frente a la autoridad, representa un riesgo para la privacidad y podría afectar ingresos, inversiones y empleos, al generar un entorno de mayor incertidumbre para la actividad económica.