El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier (Morena), señaló al jefe de la Oficina del Ejecutivo de Baja California Sur, Omar Castro Cota, por las expresiones que realizó en contra de la senadora y presidenta estatal del PAN, Guadalupe Saldaña.
Desde la Presidencia del Senado enfatizó que la publicación de Omar Castro, donde usó adjetivos como “Francotiradora mercenaria” “pandillera poseída” en contra de Saldaña, tiene una doble afectación a la esfera jurídica.
La primera respecto a su calidad de senadora de la República, puesto que, subrayó, Omar Castro transgredió la inviolabilidad constitucional que consagra el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, en su calidad de mujer, acusó que el funcionario estatal practicó violencia política en su contra, ya menoscabó públicamente el ejercicio de sus derechos políticos materializados en el ejercicio de su cargo.
Cabe recordar que todo inició cuando Guadalupe Saldaña hizo un exhorto desde el Senado para que el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, solicitara al Gobierno Federal la declaratoria de desastre por el impacto del huracán “Kay”.
Castro Cosío reiteró en tres ocasiones que no había necesidad de pedir declaratoria y que nunca le cargaría la mano al Gobierno Federal.
Omar Castro dedicó una publicación a Lupita Saldaña en la que usó adjetivos que, desde la perspectiva de la Senadora, son agresivos. Por tal motivo, interpuso una denuncia por violencia política en razón de género ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS).
Ahora el Senado, a través de un pronunciamiento hecho por el presidente de la Mesa Directiva, solicitó a Omar Castro Cota que se abstenga de proferir afirmaciones como las realizadas el 20 de septiembre de 2022, en la que demeritó e insultó a la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros.
“Se solicita se realicen las acciones pertinentes para evitar en un futuro que se presente una situación similar, en afectación de cualquier senador o senadora de la República”, demandó el Senado.
La senadora del PRI, Beatriz Paredes, subrayó la trascendencia de que el Senado salvaguarde la libertad de expresión, la pulcritud en el lenguaje y la civilidad en el debate político.
“Es inadmisible que cualquier funcionario utilice sus redes y mecanismos alternativos para ofender o para minimizar el papel y la protección jurídica que establece la Constitución para que los legisladores no puedan ser reconvenidos por sus opiniones públicas”, declaró desde su curul.
