En estos momentos se lleva a cabo un operativo en alrededores del Congreso del Estado de Baja California Sur, en medio de la discusión, análisis, la primera lectura y posible aprobación de la despenalización y legalización del aborto.
Grupos que se autodenominan “Provida” exigen un alto a la reforma, mientras que activistas feministas celebran el hecho de que la iniciativa sea sometida a votación este mismo día.
“El primer derecho es el derecho a la vida”, “de nada sirven las reformas si van teñidas de sangre”, se lee en las protestas de grupos religiosos.
Ante cualquier confrontación, como ha ocurrido en discusiones como la aprobación del matrimonio igualitario, las autoridades del Poder Legislativo implementaron un operativo de seguridad en los alrededores del Congreso local.
Los grupos providas intentaron ingresar al recinto legislativo, sin embargo, las puertas se cerraron a las 8:30 de la mañana para mantener el aforo permitido por el Comité Estatal de Seguridad en Salud por el incremento de casos de Covid-19.
“La vida se debe defender desde la concepción de la vida, estamos desde las 8:30 intentando entrar. Ni a los periodistas dejan entrar”, mencionaron las y los manifestantes.
“Es intencional que estén entrando por la parte trasera, aquí todo tiene que ser parejo”, reclamaron integrantes del grupo “Sí a la Vida”
Cabe recordar que la iniciativa ciudadana fue presentada por la Dra. Mónica I. Jasis Silberg el 26 de mayo de 2022.
La doctora Mónica Jasis expone que muchas mujeres han practicado abortos de manera insegura y clandestina, poniendo en riesgo sus vidas por la persecución judicial que sufren al estar penalizada la interrupción del embarazo.
Por ello propone reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Estado de Baja California Sur. De aprobarse, el aborto quedará establecido la interrupción del embarazo después de la decimocuarta semana de gestación.
En el artículo 62 de la Ley de Salud se establecería que las instituciones públicas de salud deberán proceder a la interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal vigente y en la NOM-046- SSA2-2005.
También se obligará a las instituciones a garantizar que la objeción de conciencia del personal de salud no interfiera con el acceso gratuito y seguro de las mujeres a la interrupción del embarazo.
