Cuando se habla de inseguridad, de ejecuciones y desapariciones hay un argumento que se repite una y otra vez por parte de la autoridad: culpar a las víctimas.
Ligarlas de alguna manera a actividades ilícitas y mejor aún, al crimen organizado
Con ello la autoridad pretende justificar su falta de capacidad u omisión para enfrentar a la delincuencia.
Y dichos “argumentos”, terminan haciendo eco en la sociedad misma, como lo acabamos de ver en el caso de los jóvenes desaparecidos en el marco de las fiestas tradicionales de San José del Cabo.
Cuando sólo se sabía que se trataba de cuatro jóvenes que habían salido a divertirse y no habían regresado a su casa, en su gran mayoría la sociedad se mostró solidaria y exigente por la localización de los jóvenes, incluso cuando familiares y amigos bloquearon el acceso al aeropuerto ocasionando afectaciones a la operatividad del destino.
En ese momento se exigía a la autoridad acción y respuesta.
Pero cuando se difundió en un video que al menos dos de los jóvenes habrían participado de presuntos actos ilícitos, la exigencia ya no fue a la autoridad si no a los padres.
Por ello, cuando ayer el gobernador Víctor Castro fue cuestionado sobre el caso, luego de asegurar que habría “una investigación hasta el fondo” fue contradictorio.
Por un lado, comienza reconociendo que independientemente de lo que se dediquen las personas desaparecidas, no se puede permitir que se tome la ley por su propia mano.
Es decir, reconoce que el gobierno y no la propia delincuencia quien debe castigar a quien comete un ilícito y que su desaparición debe ser investigada como la de cualquier ciudadano.
Sin embargo, después condena el bloqueo al aeropuerto y retoma la versión de que los jóvenes estaban ligados a actividades ilícitas, sin que hasta el momento se haya informado de manera oficial el sustento de esa afirmación.
Es decir, dando valor probatorio de su culpabilidad a un video que pudo haber sido grabado mediante amenazas.
“…no es correcto que generen el caos, y más cuando están las condiciones que anoche aparecen (los jóvenes)”.
“¿Con qué valor ético vamos a generar un problema social (el bloqueo al aeropuerto) cuando no lo resuelves en la familia?”.
“Yo no quiero responsabilizar a los padres, pero sí hay gente que quiere responsabilizar al gobierno, como si fuera una cosa extraordinariamente única del gobierno”.
Más allá de posturas o declaraciones, la ley es clara.
El artículo 21 de la Constitución dice:
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas…”
De manera más puntual, la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas dice:
Artículo 3
“La aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades del Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias…”
Artículo 2, fracción I
“Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas…”
Artículo 5, fracción II (debida diligencia)
“Todas las autoridades deben utilizar los medios necesarios para realizar con prontitud… la búsqueda de la persona desaparecida…”
Artículo 43, fracción XIV
“Las autoridades municipales deberán colaborar con las autoridades… en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas…”
Artículo 44
“Todas las autoridades… están obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comisión Estatal de Búsqueda…
Artículo 61
“Las Instituciones de Seguridad Pública estatales y municipales… deben contar y garantizar la disponibilidad inmediata de personal especializado… en materia de búsqueda de personas.”
La seguridad pública es responsabilidad del gobierno.
Y las desapariciones son un tema de seguridad pública.
Sí es responsabilidad del gobierno.
Lo demás —culpar a las víctimas, o a las familias que protestan— no resuelve el problema, solo lo encubre en favor del gobierno.”
No abonemos desde la sociedad a justificar falta de atención o capacidad de la autoridad.