El Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur emitió una sentencia en contra de tres exfuncionarios del Ayuntamiento de Los Cabos, pertenecientes a la XII Administración encabezada por Arturo de la Rosa Escalante, al encontrarlos responsables de faltas graves como desvío de recursos y abuso de autoridad.
La resolución, dictada el pasado 19 de marzo, establece una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos, así como el pago de una indemnización por 9 millones 700 mil pesos por el daño ocasionado al erario municipal.
De acuerdo con el contralor municipal de la actual administración, Alejandro Fernández Briseño, los implicados son el exdirector de Asuntos Jurídicos, César “N”; el exdirector de Egresos, Patricio “N”; y la extesorera municipal, María “N”. Detalló que estos casos forman parte de tres procesos distintos que se encuentran bajo análisis del Tribunal, todos relacionados con irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos.
Las investigaciones señalan que los exfuncionarios operaban mediante un esquema en el que simulaban laudos laborales a favor de particulares que no tenían vínculo con el Ayuntamiento.
“Son tres procesos que se tienen detectados más o menos el mismo modus operandi, ponían a algún particular para que este cobrara el dinero de uno supuestos laudos y de manera irregular regresaban estos pagos”.
Fernández Briseño explicó que esta es la segunda resolución favorable para el Ayuntamiento derivada de las acciones emprendidas por la Contraloría Municipal para sancionar actos de corrupción en administraciones pasadas.
Además del proceso administrativo, la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur mantiene abierta una investigación penal en contra de César “N” por el delito de peculado, relacionado con un primer caso en el que presuntamente se apropió de 5 millones 700 mil pesos.
En cuanto a las resoluciones, el Tribunal acreditó el desvío de recursos públicos en contra del exdirector de Asuntos Jurídicos, mientras que al exdirector de Egresos y a la extesorera se les responsabilizó por abuso de funciones.
El contralor municipal adelantó que aún queda un tercer proceso en curso, al que se le da seguimiento mientras que la primer sentencia fue impugnada por la contraparte.