Ante el paro en el Poder Judicial que inició esta semana como protesta contra la reforma que promueve el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el doctor en Derechos Humanos y Académico, Adrián de la Rosa Escalante, expuso que las diversas afectaciones que esto tendrá para la ciudadanía, enfatizando que con la parálisis del acceso a la justicia no se concederán amparos o sentencias.
Recordó que muchas personas están tramitando sus juicios de amparo por temas que tienen que ver con diferentes materias: civil, familiar, mercantil, penal, fiscal, laboral o temas ambientales, esto en un escenario en el que no se sabe con exactitud cuánto tiempo va a durar el paro.
La afectación principal, reitera, es que no se va a poder conceder una suspensión provisional o definitiva o, en su defecto, una sentencia.
De la Rosa Escalante subrayó que todos los temas van a quedar paralizados, la afectación puede ser de carácter patrimonial o en derechos.
“Las personas que estaban esperando que se dictara por ejemplo, ya no digas tú una sentencia sino una suspensión provisional para evitar continuar seguir siendo dañados por un tema que está precisamente en conocimiento de un juez de distrito, van a tener que esperar”, dijo.
El académico explicó que prácticamente quedamos todos sin la posibilidad de acceder a la solitud de un tema que sea de conocimiento de un juez federal por el paro en el Poder Judicial.
“Está cerrada la posibilidad ahorita de que se pueda recibir un juicio de amparo, están cerradas las oficinas, entonces la Oficialía de Partes no te va a recibir, aunque se pueden tramitar de manera digital, entiendo que tampoco se está haciendo esa labor”, reiteró.
En el caso de Baja California Sur son más de 300 trabajadores los que se unieron al paro laboral, incluyendo a jueces y magistrados. Luchan contra la reforma que promueve López Obrador contra del Poder Judicial, denuncian que esta iniciativa atenta contra los derechos de todos los empleados en el país.
Exhiben que se pretende eliminar la carrera judicial, así como afectar las prestaciones de oficiales, actuarios y secretarios.
