Por Daniela Reyes
Kuni es un megaproyecto de inversión inmobiliaria con componentes turísticos, promovido por la empresa Maravia, que se expande como una barrera de 9 kilómetros y que puede impedir o controlar el acceso a más de 18 kilómetros de las playas, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, al noroeste de México.
El megaproyecto tiene una superficie de mil 658 hectáreas donde pretende construir 20 mil cuartos de hotel y más de 3 mil viviendas, en una superficie que se extiende desde la playa El Tecolote hasta Puerto Mexía, donde solo existen dos caminos de acceso que conducen a ocho playas a las que acude regularmente la población de La Paz: Las Pilitas, El Pulguero, Punta Galeras, Punta Arranca Cabello, Cachimba, Punta Coyote, Piedras Blancas y Puerto Mexía.
“La implementación de un proyecto como este, podría generar limitaciones en el acceso a las playas, causando conflictos sociales al violar los derechos de disfrute de espacios públicos y recreativos para los habitantes de La Paz. Además, este modelo de proyecto turístico-residencial podría modificar la estructura socioeconómica local, incrementando los precios de bienes y servicios, provocando el desplazamiento de comunidades al convertir zonas del territorio en exclusivas”, señaló a través de un comunicado la alianza de organizaciones conformada por BCSicletos, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Centro de Energías Renovables y Calidad Ambiental, Cómo Vamos La Paz y el Center for Biological Diversity.
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa menciona que el proyecto cuenta con accesos a la Zofemat que son utilizados por la población en general.
Sin embargo no se compromete a cumplir con los requisitos establecidos a todo desarrollo que colinda con la playa y Zofemat en el Programa de Desarrollo Urbano de La Paz, de considerar accesos amplios (entre 8 y 13 metros de ancho) a la Zofemat con una distancia de al menos un kilómetro entre cada uno en coordinación con el Ayuntamiento de La Paz y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para mantener y mejorar el acceso a las playas.
Para evitar la privatización de los caminos públicos e históricos de acceso a estas playas, la plataforma Es Mi Playa, Mi Barrio, requiere al Ayuntamiento de La Paz que registre los caminos en cuestión como vías públicas ante la Dirección General de Catastro. Así como el establecimiento de zonas de amortiguamiento costero que regulen el tipo de obras adyacentes a la Zofemat.
Esto toda vez que el Estado tiene la obligación de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, en beneficio del bien común de acuerdo al artículo 27 de la Constitución Mexicana.
“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer la propiedad privada las modalidad es que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”, señala dicho artículo.
El 15 de agosto la Semarnat anunció la apertura de la consulta pública del megaproyecto, que ingresó al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA).
Desde ese momento, cientos de personas empezaron a organizarse alrededor de un movimiento denominado Acción Urgente La Paz que convocó a una reunión pública masiva y posteriormente una manifestación a la que acudieron más de 500 personas para mostrar su inconformidad respecto al proyecto, principalmente contra la apropiación de las playas y a la destrucción de los paisajes costeros, entre muchos otros impactos ambientales.
“En toda la costa se planean este tipo de proyectos inmobiliarios con componentes turísticos cuyo espacio central, el atractivo, el recurso central es la playa, el acceso al mar.
Sin la playa no estarían aquí. Ante todo este plan de crecimiento que ya existe, lo que nos queda es defender los bienes públicos y los recursos de uso común como el agua, las playas, los caminos tradicionales, el acceso a todo eso”, señaló Carmina Valiente, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
“Se trata de un proyecto turístico masivo a realizarse en colindancia con el área natural protegida de Balandra y las playas más populares a las que acuden las familias y los visitantes de La Paz. ¿Qué aportará el proyecto a La Paz? Un enorme crecimiento demográfico, empleos de muy bajos ingresos, grandes cantidades de basura y de emisiones de gases con efecto invernadero, destrucción del paisaje que atrae a los turistas que nos visitan, deterioro del ambiente marino y costero que nos aporta alimento y recreo y que es además el principal atractivo del turismo que ya viene a La Paz, y afectación del acceso de las playas que gozan los habitantes permanentes y temporales”, señaló durante la manifestación Micheline Cariño, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
Para este reportaje se intentó contactar a la empresa Maravia a través de los canales de comunicación que ofrece públicamente pero no fue posible establecer comunicación.
Para participar en la consulta pública, el Cemda puso a disposición un formato para presentar opiniones técnicas respecto al proyecto, que debe ser entregada en físico en las oficinas de la delegación de Semarnat en Baja California Sur, ubicada en Melchor Ocampo 1045, colonia Centro, en la ciudad de La Paz, antes del 23 de septiembre.
Previendo los impactos que dicho proyecto puede ocasionar en materia ambiental, social y cultural, la ciudadanía y organizaciones solicitan la realización de una reunión pública de información.
Además, considerando la imposibilidad de acudir presencialmente, también se ha habilitado una petición en el portal de Change.Org donde las personas pueden firmar electrónicamente para mostrar su inconformidad.
Esta es una colaboración con el colectivo Es Mi Playa, Mi Barrio.
