La tarde de este viernes 24 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del “Plan B” de la reforma electoral del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Con esto, la Suprema Corte concedió la suspensión que el INE solicitó al argumentar que las modificaciones estructurales son inconstitucionales.
La ponencia estuvo a cargo del ministro, Javier Laynez Potisek, admitió la demanda de Controversia Constitucional del INE en contra contra del “Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación” y que expide una nueva “Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.
La Máxima Corte solicitó al Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal, como autoridades demandadas, que presenten una contestación dentro del plazo legal.
Al otorgar la suspensión solicitada por el INE sobre todos los artículos impugnados, las leyes se mantendrán tal cual estaban antes de la reforma de López Obrador y regirán como disposiciones vigentes.
“Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”, expuso la SCJN en un boletín.
“El Plan B” del presidente generó controversias y señalamientos, en el caso del INE en Baja California Sur, autoridades expusieron que se avecinaba el recorte de hasta el 50% de la plantilla laboral por esta reforma.
Por su parte el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) coincidió en que la seguridad de las elecciones locales estaría en riesgo debido que no se contaría con el personal necesario para llevar a cabo un proceso tan complejo.
