La titular de la Contraloría del Gobierno del Estado, Rosa Cristina Buendía Soto, confirmó que el Tribunal de Justicia Administrativa sentenció a la exdirectora del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVIBCS), Rosalva Cuadras López, por peculado y actuación bajo conflicto de interés.
“Se emitió una resolución por parte del Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur, donde se emite la resolución en contra de la denuncia que nosotros presentamos en contra de la exdirectora del INVI, Rosalva Cuadras”, explicó.
“El primer punto resolutivo se tuvo plenamente acreditada la responsabilidad administrativa por la comisión de las faltas graves consistentes en peculado y actuación bajo conflicto de interés”, reiteró.
La contralora explicó que se impuso a Rosalva Cuadras López la sanción consistente en una inhabilitación temporal por 10 años para desempeñar un empleo, cargo o comisión bajo cualquier puesto o categoría en el servicio público estatal y municipal.
Se determinó una pago de indemnización a favor de INVIBCS por la cantidad de un millón 781 mil 212.73 pesos. Agregó que, una vez que quede firme esa resolución, se llevará a cabo con los puntos resolutivos.
Recalcó que esta resolución abarca sólo el espectro administrativo, ya que existe otro proceso en el plano penal que tendrá otras sentencias si es encontrada culpable.
“De un hecho pudieran salir diferentes tipos de resoluciones, nosotros denunciamos por parte de la vía administrativa también dimos vista al Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia en el Estado en su momento también vincularon a proceso”, comentó.
“Contra esta vinculación a proceso, Rosalva interpuso un recurso de apelación. La resolución de la Procuraduría quedó firme, posteriormente procedió en juicio de amparo y ya se resolvió donde se le negó también el amparo”, señaló.
Las denuncias en contra de quien dirigió al INVIBCS durante la administración del exgobernador, Carlos Mendoza Davis, se iniciaron en 2022 debido a que se detectó que la exdirectora se habría “autoliquidado” con 1.7 millones de pesos al finalizar el mandato del PAN en septiembre de 2021.
