Por: Angel Mora Rojo
El 7 de octubre, el Presidente Municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez entregó un nombramiento de alto nivel dentro de su equipo de trabajo que hasta la fecha no se ha hecho público.
Mientras que de todos los nombramientos que ha hecho el Jefe del Ejecutivo Municipal se da cuenta en redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Los Cabos, el de jefe de gabinete, no se ha informado.
De acuerdo a un oficio circular en poder de HOY BCS con fecha de 16 de octubre de 2024, del nombramiento tienen conocimiento regidores, Síndica Municipal, Secretario General, Delegados Municipales, Tesorero, Contralor, Oficial Mayor, directores generales y municipales, así como directores de los diferentes institutos municipales.
En el documento, el jefe de gabinete informa a todos los anteriores que acudirá a cada una de las áreas de gobierno para “estar atento a la elaboración y revisión de su plan trabajo”.
Si ya hay un nombramiento oficial y el funcionario ha comenzado a ejercer sus funciones. ¿Por qué no se ha hecho público su encargo?.
De acuerdo a documentos en poder de este diario digital, la persona que fue nombrada como jefe de gabinete se encuentra vinculada a proceso penal por delitos de naturaleza sexual en agravio de un menor, radicada en el Juzgado de Control en Materia Penal de La Paz.
Es decir no se trata sólo de una denuncia, si no que ya hubo un juez que al revisar la carpeta de investigación integrada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, encontró los elementos suficientes para configurar el tipo penal (el delito) y para dictar la presunta responsabilidad del mismo del hoy funcionario municipal.
Sin embargo, a pesar de que el delito por el que fue vinculado a proceso es delito grave y no alcanzaría el beneficio de continuar el proceso penal en libertad; el juzgador otorgó el beneficio, dictaminando como medida cautelar prohibir al hoy jefe de gabinete acercarse a la víctima.
Pero no es el único delito por el que se investiga al hoy servidor público, la PGJE mantiene abiertas otras dos carpetas de investigación donde el presunto responsable es la misma persona, una por violencia familiar y la otra por lesiones siempre en agravio de mujeres.
Un funcionario municipal con demasiadas cuentas pendientes con la justicia abiertas.
Aunque el nombramiento no es ilegal, toda vez que los procesos no han causado sentencia, si obliga a cuestionar al Gobierno Municipal si ¿esos son los mejores perfiles para conformar un gabinete?, más aún, ¿ese es el mejor perfil para el encargado de coordinar los planes de trabajo de las diferentes áreas del gobierno municipal?
Se conoce también que el imputado es familiar directo de una autoridad electa de alto nivel, también relacionado con el mundo empresarial local, por lo que el nombramiento se entendería como un “pago político”.
¿Sabía el Presidente Municipal el antecedente penal de su jefe de gabinete y por ello ha preferido no hacerlo público?.
¿Dónde quedó la máxima de la 4T que lo público debe ser cada vez más público?.
¿Lo sabían los regidores que han otorgado su confianza al Alcalde en la conformación de su equipo de trabajo para bien de los cabeños?.
¿Qué opina el Gobernador Víctor Castro, cuyo programa social principal es “Ya parale a la violencia”, que busca proteger a mujeres, niñas y niños de la violencia familiar y los delitos sexuales?
PARA LEER ENTRE LÍNEAS:
Para los ocupados en proteger el principio de presunción de inocencia y la seguridad personal de las víctimas, no publicaré el nombre del imputado.
Esto, a pesar que en los hechos al convertirse en funcionario público, el imputado se vuelve figura pública y como tal podría publicar su nombre y hasta su fotografía, pero en este medio y en este espacio de opinión siempre se ponderan por sobre todo los derechos de las víctimas, por lo que tampoco publicaré los detalles de los hechos.
Así como es de celebrarse el círculo virtuoso cuando el poder económico se suma al poder político para generar mejores condiciones de vida para la población; es condenable cuando el poder económico se suma al poder político para generar impunidad.
A las víctimas: En ocasiones la justicia legal tarda o por lo podrido del sistema judicial del país, se cancela; pero la justicia social del tribunal público es implacable para los criminales. Aunque en libertad, estarán condenados al escarnio, a la sospecha y a las sombras y no hay peor cárcel en vida.
