San José del Cabo.– La ciudadana Patricia Valderraín acudió a HOY BCS, en representación de las y los vecinos del fraccionamiento Country del Mar, para denunciar públicamente la pérdida de un área de donación que por más de una década habían utilizado, cuidado y gestionado como espacio comunitario.
Señalan un presunto proceso irregular que terminó con la transferencia del predio a un particular, pese a que su destino original era el de equipamiento urbano.
De acuerdo con los afectados, adquirieron sus viviendas en la zona bajo la premisa de contar con áreas verdes y espacios públicos garantizados, pero al paso de los años han perdido áreas verdes y ahora hasta una ex empleada de la constructora de dice dueña de la principal área verde al haberla obtenido por el pago de un juicio laboral.
Los vecinos señalan que el predio en disputa, de más de 3 mil 300 metros cuadrados, ubicado al fondo de la calle Ballena de Bryde, fue concebido desde la planeación del fraccionamiento como área de donación destinada a futuro parque.
Durante años, las y los vecinos realizaron actividades de conservación: reforestaron, instalaron cercos para evitar el ingreso de animales, recibieron juegos donados, organizaron actividades deportivas y comunitarias, e incluso aportaron cuotas para mantenimiento y limpieza. Señalan que siempre esperaron el apoyo gubernamental para dignificar el espacio.
UN PROYECTO ABANDONADO Y UN PREDIO EN DISPUTA
El conflicto se agudizó cuando la empresa desarrolladora Casas ICI se declaró en quiebra y abandonó el fraccionamiento con un avance estimado del 75%.
Aunque Planeación Urbana dictaminó formalmente las áreas de donación y turnó la documentación a Sindicatura, nunca se concretó el cambio de propietario a favor del Ayuntamiento, quedando en el antecedente catastral aún a nombre de la constructora.
Vecinos relatan que tiempo después, una exempleada de Casas ICI se presentó reclamando las áreas de donación como pago por un supuesto laudo laboral.
Afirman que en ese momento el juicio laboral ni siquiera había iniciado, pero la situación derivó años después en una sentencia emitida en Culiacán, Sinaloa, que adjudica el predio a la particular.
El valor estimado del predio —señalan— ronda los 10 millones de pesos, mientras que un laudo laboral no superaría los 300 mil pesos.
AUTORIDADES LOCALES SIN INFORMACIÓN
Patricia Valderraín explicó que, tras notar recientemente una manta que declaraba el espacio como propiedad privada, vecinos acudieron a Catastro y confirmaron que el predio había sido cambiado a nombre de una particular. Tras buscar diálogo con Sindicatura, se les informó que la autoridad local desconocía completamente el cambio.
Pese a que Sindicatura inició la recopilación de informes, no promovió un juicio de nulidad contra la resolución del juez de Sinaloa. La comunidad intentó tramitar un amparo, pero careció de asesoría legal.
El pasado 3 de diciembre, personal judicial acudió al sitio para exigir la retirada de vehículos estacionados y permitir el cercado del área, lo que se ha realizado desde primeras horas de la mañana, incluso en domingo, generando molestia e incomodidad entre residentes, quienes se sienten “hostigados y vulnerados”.
SEÑALAN VIOLACIONES A LA LEY DE DESARROLLO URBANO
Los vecinos expusieron una serie de presuntos incumplimientos legales:
El predio está dictaminado oficialmente como área de donación y aparece así en los antecedentes de Catastro.
El uso permitido para un área de donación no puede ser habitacional ni comercial, solamente infraestructura pública.
Al estar listado en el PDU 2040 como uso H3 con destino público, no podría ser vendido ni cedido a particulares.
La Ley de Desarrollo Urbano establece en varios artículos (97, 98, 99, 101, 103) que son nulos los actos que contravengan el destino de las áreas de donación, y que los residentes pueden exigir sanciones y medidas de protección.
Además, señalan que dentro del predio existen instalaciones de agua potable y un transformador de la CFE, lo que confirma su infraestructura pública.
“No estamos en contra de los derechos laborales, pero sí de un proceso opaco”.
Patricia Valderraín subrayó que no cuestionan el derecho laboral de la exempleada, pero sí el uso de un predio público para saldar un conflicto privado.
“Esto no es contra una persona, sino contra un proceso lleno de vacíos legales y decisiones tomadas sin ética. Nosotros no somos responsables de las deudas laborales de una empresa que ya no existe. Aun así, somos los más afectados”, expresó.
La comunidad adelantó que continuarán buscando apoyo legal y social, y que harán visible su caso “para que el despojo de los espacios públicos en Los Cabos se detenga” y se respete el derecho de las familias a áreas verdes, recreativas y de convivencia.
