La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur informó que un Juez de Control con sede en San José del Cabo resolvió vincular a proceso a un ex Oficial Mayor del XIV Ayuntamiento de Los Cabos, Alan Sotelo Burgoin, por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad por simulación.
De acuerdo con la autoridad, este ilícito está contemplado en el artículo 276 del Código Penal estatal y habría sido cometido en perjuicio del Ayuntamiento de Los Cabos.
Según las investigaciones, el 18 de octubre de 2022 el entonces funcionario celebró un contrato con una empresa supuestamente dedicada a la gestión de servicios financieros, con el objetivo de que actuara como intermediaria para la obtención de un crédito a corto plazo para el Ayuntamiento.
Sin embargo, la Fiscalía señala que dicha empresa no realizó ninguna de las gestiones pactadas. A pesar de ello, el ex oficial Mayor habría autorizado, en conjunto con el ex tesorero municipal identificado como José Martín Talamantes el pago de más de 14 millones de pesos a favor de la gestora.
El monto entregado asciende a 14 millones 170 mil 560 pesos, recursos que se habrían erogado sin que existiera evidencia de que la empresa cumpliera con los servicios contratados.
Por estos mismos hechos, también se encuentran vinculados a proceso el ex presidente municipal Óscar Leggs y el ex tesorero José Martín Talamantes, quienes habrían participado en las decisiones relacionadas con el contrato y los pagos.
En su momento, la Fiscalía solicitó el desafuero de otros dos funcionarios — la diputada local, Alondra Torres, y el ex subsecretario de enlace Legislativo del Gobierno del Estado, Ariel Castro, no obstante, el Congreso del Estado determinó que no procedía retirarles la protección constitucional, lo que impide, por ahora, ejercer acción penal en su contra.
Tras la audiencia, el juez impuso diversas medidas cautelares al imputado, como presentarse a firmar de manera periódica cada 15 días, no acercarse a instalaciones del Ayuntamiento de Los Cabos, evitar cualquier contacto con testigos o denunciantes., restricciones estarán vigentes durante el tiempo que dure el proceso judicial.