-Durante este tiempo donde se han vivido reformas constitucionales, Baja California Sur, se suma en el 2008 al esquema de rendición de cuentas con la creación del ITAIBCS, bajo la administración de Narciso Agúndez Montaño.
-El 4 de mayo del 2016 se publica la nueva Ley de Transparencia en la entidad, bajo la administración de Carlos Mendoza, que dota de mayores atribuciones al órgano garante para dar cabal cumplimiento al mandato constitucional
Recientemente tuve la oportunidad como Comisionado del ITAIBCS y como integrante del Sistema Nacional de Transparencia, de participar en el evento conmemorativo por los 20 años de la promulgación de las primeras leyes en materia en México.
Un servidor en este mes de junio cumple 5 años de haber ingresado al Sistema Nacional de Transparencia, labor a la cual le he tomado un aprecio muy significativo.
Durante este paso del tiempo, donde de igual manera me desempeñe como Comisionado Presidente del órgano garante en Baja California Sur, por 4 años; he constatado que este derecho constitucional busca vitalizar el crecimiento de la sociedad moderna basado fundamentalmente en una pretensión de estados constitucionales democráticos.
El desempeño que ha tenido el órgano garante en esta entidad, viene emanado de una Reforma Constitucional en el año 2014; que doto de autonomía y mayores facultades de observancia hacía los entes públicos. Se estableció en el Artículo 6 de la carta magna que el Estado deberá garantizar el derecho de acceso a la información, principios rectores de la transparencia y la rendición de cuentas. El ITAIBCS, no nace de exclusivamente en el año 2015; desde su creación en el año 2008; durante la administración de Narciso Agúndez Montaño, se vino a cumplir lo que a reflexión se comenta hoy dentro del Sistema Nacional de Transparencia; el esfuerzos de muchos mexicanos que en el hartazgo de no saber cual era el origen y destino final de Nuestros recursos públicos, promueven la creación de la primera Ley Federal de Transparencia.
Baja California Sur, en el año 2008 bajo la tutela de Silvia Adela Cueva Tabardillo, como Consejera Presidente; se une al referente en México. En junio de 2002, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia Pública Gubernamental, que complementaba, en los hechos, el artículo sexto de la Constitución referente al derecho a la información, que derivó en la posibilidad que se tiene hoy de solicitar al Gobierno federal y a distintos sujetos obligados (estados de la República, Poder Legislativo, sindicatos, Poder Judicial, entre otros) información, datos y documentos que han sido pagados con dinero público. Quienes hicieron posible el logro original de su creación fue un grupo heterogéneo de periodistas y académicos, que aprovecharon la coyuntura que ofrecía la llegada al poder, en el año 2000, de un presidente no surgido del PRI, el panista Vicente Fox, quien de paso no contaba con mayoría de su partido en las Cámaras legislativas.
Dos de los integrantes de ese núcleo de personajes, el periodista Roberto Rock, y el académico Ernesto Villanueva, reconstruyeron para la Organización Editorial Mexicana los debates iniciales y las negociaciones con el gobierno foxista y los partidos políticos de la época para ir conformando, sobre la marcha, una idea loable pero difusa en su inicio de que el gobierno rindiera cuentas y abriera sus libros a los contribuyentes, de tal manera que no quedara al arbitrio de los gobernantes qué información dar y cuál no.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a iniciativa del periódico El Universal, comenzó a analizar entre sus integrantes la posible agenda a abordar y salió un pronunciamiento que leyó Enrique Gómez, quien era el director y sigue siendo presidente del diario AM, de Guanajuato, con un listado de grandes cambios, donde se hablaba desde una ley para transparentar la inversión gubernamental en medios de comunicación, hasta una ley de protección de datos personales, pasando por una ley de protección de archivos de nacionales y distintas leyes que favorecieran un mayor equilibrio federal en el país.
Luis Javier Solana, en ese momento director de El Universal, quien tuvo gran mérito, en el avance sobre la formulación de esta Ley; se abrió la posibilidad de aprovechar un foro que se hacía anualmente en la Ciudad de Oaxaca, donde se hablaba del derecho a la información, así de manera muy general, donde ahora la consigna fue reducir la ambiciosa agenda original a un solo tema. Quien llevó la voz cantante de un solo objetivo fue Miguel Treviño, integrante del Grupo Reforma.
Para entonces ya se había hecho contacto con asociaciones de periódicos de todo el país para invitarlas a sumarse al debate, pero el núcleo duro original reunido en Oaxaca (citado en estricto orden alfabético) estuvo integrado por Juan Francisco Escobedo Delgado (Universidad Iberoamericana); Jorge Islas López (UNAM); Issa Luna Pla (del IIJ-UNAM); Salvador O. Nava Gomar (Universidad Anáhuac México Sur); Roberto Rock Lechón (entonces director editorial de El Universal); Luis Ernesto Salomón (El Informador, de Guadalajara), Miguel Treviño de Hoyos (de El Norte, de Monterrey, y el periódico Reforma), Jenaro Villamil (representante de La Jornada) y el investigador Ernesto Villanueva.
De esa reunión surgió un único punto: pugnar por una ley de acceso a la información, para reglamentar el artículo sexto constitucional, y hacer válido el acceso a la información pública, un tema sobre el que no había antecedentes en el país y por lo mismo sobre el que no se tenía una idea clara.
Fue entonces que se pasó a negociar al Congreso un proyecto de ley. En ese año de 2001 se llevaron a la Cámara de Diputados varios anteproyectos de ley, es cuando se da una negociación abierta, convocada por varias comisiones de la Cámara de Diputados, donde participaba el gobierno federal representado por el académico del CIDE, Sergio López Ayllón, un personaje que en ese entonces sabía muchísimo del tema de transparencia. Existía ya en el Congreso, por cierto, un antecedente de iniciativa de ley que mezclaba temas de datos personales con los de acceso a la información, el Grupo Oaxaca tuvo la oportunidad extraordinaria, entonces, de redactar un anteproyecto fuerte de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y negociarlo en San Lázaro; y luego en Xicoténcatl, con los senadores, para que finalmente fuera una ley aprobada en 2002, que entró en vigor en 2003.
Con el tiempo, el alcance de los sujetos obligados trascendió al Gobierno federal para incorporar a otros órganos del Estado, al Congreso, la Suprema Corte, los sindicatos, los partidos políticos, los fideicomisos. Cambios que se fueron incorporando a la ley en los años 2013 y 2014. La custodia de los datos personales de la ciudadanía se le incorporó en 2015, lo que provocó que aumentara significativamente de dimensiones y presupuesto.
El 4 de mayo del 2016, se publica la Ley de Transparencia en Baja California Sur, a iniciativa del Gobernador Carlos Mendoza Davis; de esta manera que el ITAIBCS se ve envuelto en la dinámica de Reforma Constitucional y se suma a los esfuerzos derivados de la misma. Solo por mencionar un dato presentado durante el informe de trabajo de la Comisionada Presidente, Rebeca Buenrostro Gutiérrez, de 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, y que representa el crecimiento del Instituto, es que se recibieron 160 solicitudes de información dirigidas al Órgano Garante de la Información, las cuales fueron contestadas en tiempo y forma. Del universo de solicitudes de información realizadas a través de la plataforma INFOMEX y SISAI 2.0, mismas que dan un total de 6042, 160 correspondieron únicamente a este instituto constituyéndose en un 2.64%. Para el año 2008, cuando la creación del Instituto, se tenían promedio de 4 solicitudes al año, incluidos los distintos sujetos obligados en materia.
La negativa de acceso a determinada información solicitada por el ciudadano, la clasificación de información solicitada sin apego al procedimiento legal, la declaración de inexistencia de la información solicitada, la declaración de incompetencia del sujeto obligado, la entrega de la información incompleta o que no corresponda, la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información pública y las demás que señala el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, son causales de procedencia para el recurso de revisión ante el órgano garante. En el año 2021 se interpusieron 304 recursos de revisión en materia de acceso a la información pública. La autoridad en contra de la cual se interpuso la mayor cantidad de recursos de revisión en ese periodo fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, con 49 recursos de revisión interpuestos. Destacando que además del sujeto obligado antes mencionado, los sujetos obligados con mayor índice de recurrencia fueron el Honorable Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, el Honorable Ayuntamiento de Los Cabos y la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social del Estado de Baja California Sur.
Esta es otra de las facultades emanadas de la Reforma Constitucional del 2014 hacia el órgano garante local.
En el desarrollo y crecimiento del ITAIBCS, 8 Comisionados, han pasado, por el su pleno, la madurez y promoción de la cultura por la transparencia en Baja California Sur, aún es incipiente ante lo joven de la Ley en la entidad. Es por ello que en estas dos décadas, el mensaje de la rendición de cuentas invita a ver hacia adelante, definir los retos, desafíos sobre los cuales se tiene que trabajar en este país que sin duda tiene que abrazar la causa de la transparencia si queremos gobiernos más democráticos, gobiernos más cercanos a la gente y que gocen de confianza y credibilidad.
En ese sentido, me sumo a la consideración de defender al órgano garante local, que es el más golpeado económicamente en el país que representa de igual manera defender al INAI, es vital defender una autonomía que defiende derechos ciudadanos, los derechos humanos, el de la protección de datos personales y el del acceso a la información pública. La historia demuestra, que el secreto, la opacidad y la falta de transparencia en el ejercicio del gobierno han constituido en los tiempos que corren, pero también históricamente, instrumentos esenciales de un poder autocrático, discrecional, concentrado y absoluto. Sin duda la democracia permite que un país desarrolle su vida política y su gobierno de una manera representativa, inclusiva y libre.
Hoy queda de manifiesto que la Transparencia en Baja California Sur, se distingue de dos formas de ejercer la libertad que permiten el desarrollo en primera instancia el derecho y la libertad que tiene toda persona para acceder a la información pública cuando así lo desee y, en segundo principio el derecho y la libertad que tiene el ciudadano de exigir transparencia a su gobierno como parte de la rendición de cuentas de los gobernantes hacia los gobernados. Validar al final los ejercicios democráticos y las políticas públicas para la creación de mejores condiciones de vida.
