Cabo San Lucas.- A inicios de los dos miles, como parte de las campañas políticas del PRD-PT, el pseudo líder identificado como David González Tiburcio encabezó una invasión a un predio privado en Cabo San Lucas que hoy se le denomina “Cactus”.
Por cada predio, las familias en ese entonces pagaron un “enganche” de 20 mil pesos.
Ayer alrededor de 50 familias de esta colonia irregular fueron desalojadas sin previo aviso y quedaron literalmente en la calle.
Algunas tenían viviendo en el lugar más de 20 años y habían edificado casas de material, que ahora dicen “ya fueron vendidos” por los presuntos propietarios de los predios.
Ancianos, mujeres y niños alrededor de las 9:00 de la mañana fueron sorprendidos por elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Ministerial y Policía Estatal, al mando de actuarios de juzgado civil, quienes rompieron puertas y candados para cumplir con una supuesta orden judicial.
Las acciones de desalojo, donde a los afectados solo se les permitió sacar su ropa y algunas pertenencias se extendieron por más de 12 horas, donde casa por casa fue desalojada y asegurada por las autoridades.
Se reporta que en los hechos fueron detenidas dos personas a quienes se les reprimió por grabar las actuaciones de los representante de la Ley; quienes fueron puestos en libertad más tarde tras el pago de una multa de 3 mil pesos.
Por la noche las 50 familias quedaron en la calle, en tanto que algunas de sus viviendas quedaron ocupadas por extraños a quienes supuestamente “ya se les habían vendido las casas”.
Sobre el caso, la presidenta del Frente Estatal en Defensa de la Tierra, Maricela Damian explicó a HOY BCS que los afectados se encuentran en medio de una disputa por la propiedad entre la familia que se acredita como dueña de los predios en cuestión.
Señaló que hace aproximadamente 4 años uno de los propietarios de los predios en disputa hizo un acuerdo con los vecinos para regularizar sus terrenos, por 300 mil pesos, pero ahora han llegado otros miembros de la misma familia a decirse propietarios y señalando que ahora los predios costarán 500 mil pesos.
Entonces ahora, había hasta 5 personas diferentes cobrando a los vecinos por los mismos predios.
Lo más grave es que los nuevos presuntos propietarios dijeron que lo que las familias habían pagado ya se sus predios, lo tomarían como “renta”, es decir que no los reconocerían como parte del pago de la propiedad de los terrenos.
Por el momento se desconoce el sentido de la sentencia judicial que provocó el desalojo de las familias.