El 21 de septiembre se cumplió un mes del incendio del yate Fortius que ocasionó un derrame de combustible en el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Balandra. Desde entonces, la llamada playa más bonita del mundo ha permanecido cerrada en un caso sin precedentes en el que ha imperado el silencio de autoridades de los tres niveles de gobierno y las omisiones.
Ahora, asociaciones civiles de México advierten que el Gobierno Federal prevé un nuevo recorte para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en medio de protestas de la sociedad en la que se exige que se dote de un mejor presupuesto para la conservación y mantenimiento de Balandra.
En estas semanas quedó en evidencia la desprotección de la playa más visitada de Baja California Sur, que opera con apenas 300 pesos al día a pesar de que el sector empresarial y gubernamental reciben amplios beneficios de la ANP.
El gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, reiteró que no pretende destinar recurso estatal para la protección y conservación de Balandra en el Presupuesto de Egresos 2023, argumentando que es responsabilidad autoridades federales y que la playa ya recibe la recaudación del cobro de entrada.
El director regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Mario Sánchez Castro, recordó que la ley establece que Balandra debe contar con presupuesto suficiente para vigilancia y resguardo.
Expuso que el estudio Análisis de Brecha Financiera e Instrumentos Económicos en 6 Áreas Naturales Protegidas de Baja California de 2016 establece que la playa necesitaba 21.5 millones de pesos para 5 años, sólo tomando en cuenta inspección y vigilancia.
El director de Cemda subraya que, si se toma en cuenta la inflación y se traspasa el dato, para 2022 el recurso necesario rebasaría los 25 millones de pesos sin incluir obra de mantenimiento ni mitigación de impacto ambiental.
En su entrevista más reciente, el gobernador respondió aún no hay fecha para la reapertura de Balandra y se remitió a mencionar que espera que la Conanp anuncie la reactivación de la APFF lo más pronto posible.
“No hay fecha, la verdad es que lo que se ha dilatado ahí es para preservar la salud y que ya se hagan las pruebas que no hay ningún problema que le vaya a ocasionar a la gente que vista Balandra”, declaró.
“Son responsabilidades que, no es por evadirlas. Hay que asumirlas, pero no nos toca y no quiero meterme yo en áreas que no nos tocan. A parte de que no es lo más conveniente de ningún modo porque son autoridades ambientales”, finalizó.
El silencio, las omisiones y atropellos al derecho al acceso a la información han golpeado a la sociedad paceña con la catástrofe en Balandra, que activistas califican como ecocidio y que recalcan que ninguna estrategia de comunicación puede estar encima de la justicia y las garantías.
