Veracruz.– En una sesión nocturna y entre el rechazo público de 23 colectivos de Madres Buscadoras, la mayoría de Morena en el Congreso de Veracruz —con el respaldo de Movimiento Ciudadano— aprobó una reforma constitucional que elimina en los hechos la autonomía de la Fiscalía General del Estado y permite que la gobernadora, Rocío Nahle, proponga y remueva a quien ocupe el cargo.
La modificación, avalada con 42 votos de Morena, PVEM, PT y MC, ordena la salida anticipada de la actual fiscal Verónica Hernández Giadáns, nombrada encargada en 2019 y ratificada en 2020 para un periodo de nueve años. Solo cinco legisladores del PRI y del PAN votaron en contra, mientras que Héctor Yunes Landa (PRI) y los panistas Enrique Cambranis y Fernando Yunes estuvieron ausentes.
Un fiscal a modo: la acusación de la oposición
Con la reforma, quien encabece el Ejecutivo estatal podrá proponer directamente al Congreso a la persona titular de la Fiscalía, que durará cuatro años en el cargo con posibilidad de reelección por otro periodo. El Congreso deberá votar la propuesta en un plazo de cinco días hábiles.
Opositores advirtieron que esta medida “abre paso a un fiscal a modo”, recordando que, en los 10 años desde que la Fiscalía se declaró autónoma, Veracruz ha tenido titulares alineados con los gobiernos en turno:
Luis Ángel Bravo Contreras (PRI–Duarte), hoy con antecedentes penales.
Jorge Winckler Ortiz (PAN), actualmente preso por secuestro y desaparición forzada.
Verónica Hernández Giadáns (Morena–Cuitláhuac García), la única que no ha pisado la cárcel.
En medios locales se ha señalado que Rocío Nahle buscaría colocar en la Fiscalía a la exmagistrada presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, apodada ya como la “Fiscal Carnala”.
Ahora, el Congreso tiene 120 días para reformar la Ley Orgánica de la FGE, mientras los 212 cabildos deberán avalar el cambio constitucional —basta la mitad más uno.
Colectivos de Madres Buscadoras: “Es un golpe para las víctimas”
Las críticas más fuertes llegaron de los colectivos de Madres Buscadoras, quienes advirtieron que la reforma no solo elimina la autonomía de la Fiscalía, sino que concentra el poder en manos de la gobernadora, poniendo en riesgo investigaciones en curso y la búsqueda de miles de personas desaparecidas en la entidad.
En un comunicado conjunto, expresaron:
“En un estado con miles de personas desaparecidas, cualquier medida que debilite esta autonomía pone en riesgo la continuidad de las investigaciones, la protección de las víctimas y la posibilidad de avanzar en la identificación de personas”.
Las familias también denunciaron que la remoción de la o el fiscal según “los deseos o intereses del Ejecutivo” viola el principio de independencia técnica para investigaciones imparciales.
“Queremos instituciones que respondan a las víctimas, no a intereses partidistas. Nuestro trabajo no es político: es profundamente humano. Se trata de encontrar a quienes amamos”, afirmaron.