El Congreso del Estado aprobó la minuta enviada por el Senado de la República que contiene el proyecto de decreto de la Ley 3 de 3 con la que se suspenden derechos para ocupar cargos en servicio público para personas con antecedentes de violencia de género y deudores alimentarios.
Con esto Baja California Sur se convirtió en la décima entidad en aprobar la minuta, no obstante, para que esta Ley entre en vigor se requiere de la aprobación de mínimo 17 congresos para la primera semana de junio.
Se reformó el párrafo segundo del Apartado A del artículo 102 y adiciona una fracción séptima al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A través de un punto de acuerdo, la comisión dictaminadora de Puntos Constituciones y de Justicia presentó la minuta ante el pleno, la cual fue aprobada por unanimidad.
“Ningún agresor sexual, ningún violentador y ningún deudor alimentario podrá representarnos”, celebró la diputada del PRD, María Luisa Ojeda González.
La Ley 3 de 3 establece que los derechos de los ciudadanos se suspenden cuando “Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”.
Con ello, las personas declaradas como violentadoras o deudoras alimentarias morosas no podrán ser registradas como candidatas a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
También adicionaron la titularidad de la Fiscalía General de la República Mexicana (FGR) dentro de los cargos que cubre la Ley 3 de 3.
