Por: Angel Mora Rojo
En el punto número 11 de la orden del día de la sesión ordinaria de Cabildo de Los Cabos convocada para este viernes 6 de diciembre, las comisiones unidas de Estudios Legislativos y de Transporte, que son presididas por un regidor de Movimiento Ciudadano y otra del partido de la CROC “Partido Laborista”, presentarán ante el pleno para su análisis, discusión y aprobación el nuevo Reglamento Interno de la Dirección Municipal de Transporte.
Según se aprecia en el documento que ayer en una nota detallé invocando los artículos del reglamento (https://hoybcs.com/buscan-dar-facultades-a-inspectores-municipales-para-sancionar-ubers-y-realizar-operativos/) , el nuevo instrumento daría facultades a los inspectores municipales de transporte para realizar operativos para revisar, vigilar y sancionar a vehículos de UBER y otras plataformas; ya que actualmente sólo los inspectores de transporte estatal, están facultados para ello.
Se trata, me dicen, de una estrategia recaudatoria que pretendería implementar el gobierno municipal para incrementar ingresos a través de multas a esta modalidad de transporte que no ha sido regulada en Baja California Sur.
Pero la historia reciente, nos dice que una medida en ese sentido podría provocar un nuevo conflicto de transporte en Los Cabos.
Durante la pasada administración municipal, el Gobierno del Estado, a través de la Dirección Estatal de Transporte inició una serie de operativos de “cacería” de vehículos de alquiler en plataformas que derivó en amplias movilizaciones de los choferes en las que bloquearon el corredor turístico provocando un caos que afectó a la ciudadanía y al turismo.
Ahora bien, en la segunda mitad de su gobierno, ante la llegada a Los Cabos de UBER, Carlos Mendoza Davis presentó en el Congreso del Estado una nueva Ley de Movilidad y Transporte que buscaba incluir y regular las plataformas digitales de transportes de personas para que además pagaran impuestos, pero la mayorá morenista y aliados bloquearon la medida.
Por otra parte, en la pasada legislatura, ya durante el gobierno de Víctor Castro, la mayoría morenista y aliados presentó y aprobó la nueva Ley de Movilidad y Transporte, dejando de lado nuevamente la regulación del servicio de las plataformas digitales que operan en Los Cabos principalmente bajo un amparo federal.
Si la nueva legislatura, ahora de mayoría calificada cuatroteista regulara de una vez por todas estas plataformas digitales, no tendría por que el Cabildo de Los Cabos abrir la puerta a un nuevo conflicto de transporte, que en los hechos sólo es por el pasaje turístico, ni si quiera por el servicio al pueblo.
Por que si se busca el interés del pueblo como siempre argumenta la 4T, cabría decir que las plataformas digitales llegaron a suplir la gran necesidad de transporte en las colonias populares de Los Cabos, que los taxistas no les interesaba cubrir por que desde hace décadas se enfocaron en el transporte turístico.
Y si no, dense una vuelta en fin de semana o en quincena, en la tienda Soriana de la Plaza Patio de Cabo San Lucas, y miren las filas de habitantes de las colonias populares para tomar un taxi, mientras en contraste cientos de taxis se forman afuera de los hoteles en espera del turista.
Pero en el tema de regulación de las plataformas digitales, se mete la cochina política.
Para nadie es desconocido los acuerdos políticos de décadas del grupo en el poder actual en Los Cabos, con los gremios de taxistas por componendas durante los tiempos electorales.
Entonces el instrumento que se pretende aprobar mañana en forma de reglamento a la Dirección de Transporte, “mataría dos pájaros de un tiro”, por un lado incrementar la recaudación municipal y por el otro cumplir compromisos políticos.
Los integrantes del XV Ayuntamiento de Los Cabos y en lo particular los regidores tendrán que valorar si incrementar la recaudación y cumplir compromisos políticos, a costa de un nuevo conflicto por el pasaje turístico (con bloqueos carreteros de por medio) es lo mejor para Los Cabos.
¡Aguas!.
