Ahora que se confirmó que la Fiscalía Anticorrupción solicitó ante el Congreso de la Unión el desafuero de los diputados federales, Rubén Muñoz Álvarez y Sonia Murillo, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, se pronunció a favor de la autonomía en las decisiones de esta corporación.
En el caso específico de Rubén Muñoz, solicitud que la Fiscalía hace por investigaciones en su contra por el cambio de uso de suelo que se aprobó durante su mandato como presidente municipal de La Paz a favor de la empresa inmobiliaria Misión Punta Norte, Castro Cosío señaló que la instancia tiene sus criterios para proceder.
Hizo hincapié en que no hay interés de parte del gobierno estatal en entrometerse en ese tipo de “cuestiones”.
“Lo leí en uno de los diarios, yo siempre he mantenido el criterio que toda la parte jurídica, donde se judicializan los procesos pues es ajeno al Poder Ejecutivo, no tengo yo más que ojalá que las cosas se aclaren y se hagan los procedimientos como tienen que ser”, declaró.
Recordó que la Fiscalía Anticorrupción fue creada con la finalidad de que estudie los casos y haga lo conducente, por lo que señaló que “ahí sí no interviene ni a favor ni en contra de nadie”.
De acuerdo con el fiscal Anticorrupción, Lenin Ortiz Amao, se trata de la primera ocasión en que, desde Baja California Sur se presenta una solicitud de este tipo ante la Cámara de Diputados.
Cabe mencionar que en 2023 sólo se han registrado dos peticiones de desafuero, siendo los casos que esta semana solicitó formalmente la Fiscalía Anticorrupción en contra de Rubén Muñoz y Sonia Murillo.