Ciudad de México.– La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que sienta las bases para expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión, una de las iniciativas prioritarias de la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su estrategia de seguridad.
Con esta reforma al artículo 73 de la Constitución, el Congreso de la Unión obtendría facultades para legislar en materia de extorsión y coordinar acciones a nivel nacional con los estados. El dictamen fue avalado en menos de 40 minutos y turnado a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno a partir del próximo 1 de septiembre, fecha de inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones.
El objetivo central de esta legislación es tipificar con claridad el delito de extorsión, establecer agravantes y sanciones, y definir delitos conexos, lo que permitiría cerrar vacíos legales que han dificultado su castigo en diversas entidades federativas.
Delito que se perseguirá de oficio
Una de las novedades más destacadas es que el delito de extorsión se perseguirá de oficio, es decir, sin que la víctima tenga que presentar denuncia formal. Así lo explicó la Presidencia de la República en un comunicado emitido el pasado 8 de julio: “La víctima no es solamente quien recibió la extorsión, sino el Estado mexicano se asume como víctima y atiende el delito”.
Esto significa que será responsabilidad del Estado investigar y castigar estos casos, sin exponer a las víctimas a represalias por atreverse a denunciar. La medida busca contrarrestar el miedo que genera este delito, uno de los más comunes y menos denunciados del país.
Herramientas para la denuncia anónima
Como parte de esta estrategia nacional, el gobierno federal activó el número 089 para denuncias anónimas de extorsión, disponible desde el domingo 6 de julio. Las llamadas serán atendidas por unidades especializadas de investigación e inteligencia, según lo detallado en el boletín presidencial.
Combate integral y coordinación nacional
La futura Ley General incluiría mecanismos para articular recursos estatales y federales en un frente común, contemplando:
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Programas de formación y capacitación de personal especializado.
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Coordinación institucional para la recepción y seguimiento de denuncias.
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Atención oportuna a víctimas, ofendidos y testigos.
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Reparación integral del daño.
Alcance nacional obligatorio
Una vez que la Ley General entre en vigor, todos los estados estarán obligados a armonizar su legislación con el nuevo marco jurídico, de forma que se pueda homologar el combate a la extorsión en todo el territorio nacional.
La aprobación de esta reforma constitucional marca un primer paso hacia lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum plantea como una política de Estado en contra de la extorsión, con un enfoque centrado en la protección de víctimas, la inteligencia criminal y la acción directa del Estado.