El 14 de marzo del 2022, en la décima sesión extraordinaria de Cabildo del XVII Ayuntamiento de La Paz le otorgó al síndico, Rogelio Martínez, la facultad de ejercer recursos legales que procedan a efecto de anular el acta de la vigésima séptima sesión extraordinaria celebrada el 25 de marzo de 2021, donde la XVI administración aprobó el cambio de uso de suelo al desarrollo inmobiliario Punta Norte.
El objetivo de la administración que hoy encabeza la alcaldesa, Milena Quiroga Romero es nulificar el permiso o derecho que el XVI Ayuntamiento concedió al desarrollo inmobiliario Misión Punta Norte, que contiene una autorización de uso de suelo que ha sido calificada por activistas y asociaciones como ilegal e imperfecta.
El director regional en el noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Mario Sánchez Castro, explicó que lo que las autoridades municipales pretenden es llevar ante un juez a los representantes legales del desarrollo a través de un juicio de lesividad.
Dicho juicio se presenta por afectaciones y/o lesiones que atañen al interés público o intereses de los ayuntamientos.
“Pero en este caso va el ayuntamiento a nulificar un acto del mismo ayuntamiento. Es como si te demandaras solo”, comentó el director.
Sánchez Castro mencionó que es una opción que suena extraña, pero es necesaria ya que un ayuntamiento no puede nulificar en automático los actos mediante los cuales se otorgó un derecho.
Debido a que con la sesión del 25 de marzo de 2021 que se celebró durante la administración del exalcalde, Rubén Muñoz, al otorgar un cambio de uso de suelo a Punta Norte, se materializó un derecho.
“No podría la autoridad quitártelo sin darte la oportunidad de defenderse porque se violan las garantías procesales y el derecho a la defensa”, precisó el especialista.
Desde la perspectiva del director de CEMDA, el juicio de lesividad es una opción viable, no obstante, el proceso puede durar lo que resta de la administración de Milena Quiroga e, incluso, heredarse al siguiente gobierno municipal.
Mario Sánchez expuso que el XVII Ayuntamiento de La Paz busca aplicar acciones de responsabilidad administrativa de servidores públicos que excedieron sus facultades al aprobar el cambio de uso de suelo.
En este caso está involucrado desde el exalcalde, Rubén Muñoz Álvarez (ahora diputado federal de Morena) hasta exregidores y exdirectores de la administración anterior.
De este proceso, comenta, puede venir una cambio importante para la sociedad civil y la población en general: si la sentencia da la razón al Ayuntamiento de La Paz, quedará un precedente de que los “cabildazos” (acciones que el Cabildo hace para cambiar el Plan de Desarrollo Urbano y que no cumplen con los proceso establecidos por ley) son ilegales.
Por último Mario Sánchez recordó que el acta de la sesión de Cabildo del 25 de marzo de 2021 es ilegal e imperfecta, ya que este órgano no tiene facultades ejecutivas y no puede constituirse como una autoridad que emita, facilite o gestione un derecho.
Cabe recordar que los representantes legales de Punta Norte interpusieron una denuncia en contra de la alcaldesa, Milena Quiroga, y la directora de Gestión Integral de la Ciudad, Mariana Orozco, por abuso de autoridad.
La empresa señala que las declaraciones vertidas por la presidenta y la funcionaria donde exponen una supuesta falta de certeza jurídica del desarrollo, dañan moral y económicamente a Punta Norte.
