El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, hizo un llamado al Gobierno de México y al Congreso de la Unión para impulsar una reforma a la legislación federal en materia de transporte, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la el reglamento estatal con la que se buscaba regular la operación de transportistas federales en Los Cabos.
En medio de las protestas de taxistas y concesionarios de Los Cabos, el mandatario reconoció que el conflicto entre el transporte estatal y las empresas con permisos federales es un problema que se ha arrastrado durante décadas y que se concentra principalmente en Cabo San Lucas y San José del Cabo.
“Hace aproximadamente un año, ante el conflicto que tiene mucha historia, tiene décadas, entre los compañeros taxistas y las transportadoras que se han ido creando en las últimas décadas por el desarrollo propio de Los Cabos, no existe ese mismo problema en el resto del estado”, dijo.
Castro Cosío informó que sostuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, a quien planteó la necesidad de modificar el marco legal.
“Se tiene que hacer una reforma profunda porque los estados quedamos sin facultad alguna para coordinar y conciliar los intereses de estas grandes transportadoras”, resaltó.
De igual manera afirmó que actualmente existe una competencia desigual entre las empresas con permisos federales y los concesionarios estatales, ya que las primeras pueden operar con flotillas de cientos de unidades autorizadas por la Federación.
“Una empresa tiene 200 camionetas, una sola empresa; no puedes competir, pero hay muchas empresas. ¿Quién les autoriza con los mínimos requisitos? El Gobierno federal y la SICT. Si ustedes revisan la ley son mínimos los requisitos para que les den una concesión federal”, acusó.
“Hay un mercado desigual y una serie de contradicciones porque llegan ya viajes pagados desde el extranjero a las transportadoras”, destacó.
Castro Cosío dejó claro que no hay forma de apelar el fallo de la SCJN y que respetará la ley, pero eso no significa que no buscarán otras formas de regular el transporte en Baja California Sur.
