La Paz, Baja California Sur.– Una iniciativa ciudadana presentada ante el Congreso del Estado de Baja California Sur propone establecer restricciones para que las autoridades educativas no puedan separar de manera inmediata de sus funciones a maestros denunciados, sin antes garantizarles el debido proceso y su derecho de audiencia.
La propuesta, promovida por los profesores Iván Harim Contreras Álvarez y Antonio Espinoza Soto, contempla reformas al Código Penal y a la Ley de Educación del Estado, bajo el argumento de proteger a los trabajadores del magisterio frente a acusaciones infundadas, suspensiones arbitrarias y campañas de desprestigio.
Uno de los puntos centrales plantea reformar el artículo 274 del Código Penal para sancionar a funcionarios educativos que ordenen la remoción o suspensión cautelar de docentes sin haber agotado previamente el procedimiento administrativo correspondiente.
La iniciativa establece penas de dos a cinco años de prisión, además de multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos, para autoridades que incurran en las conductas señaladas.
La propuesta abre una discusión sobre las medidas de protección que pueden adoptarse cuando un maestro es denunciado por posibles conductas indebidas contra estudiantes, ya que una separación preventiva también puede utilizarse para proteger a niñas, niños y adolescentes mientras se desarrolla una investigación.
Aunque los promoventes sostienen que buscan evitar injusticias contra trabajadores de la educación, el apartado que regula las suspensiones no establece una distinción expresa entre denuncias relacionadas con conflictos escolares y señalamientos por posibles conductas de abuso o acoso contra menores.
Otra de las modificaciones propone que las investigaciones administrativas contra docentes se resuelvan en un plazo máximo de 30 días naturales, así como su reincorporación laboral, con pago de salarios caídos y prestaciones, cuando las acusaciones resulten infundadas.
Asimismo, contempla aumentar las sanciones por denuncias deliberadamente falsas y campañas de difamación digital contra trabajadores educativos, incluyendo conductas atribuidas a padres de familia o tutores.
Los promoventes argumentan que estas disposiciones buscan garantizar la presunción de inocencia y evitar que los maestros enfrenten consecuencias laborales y sociales antes de que se determine su responsabilidad.
Sin embargo, la propuesta también plantea la necesidad de analizar cómo se garantizaría la protección inmediata de los estudiantes cuando existan denuncias que ameriten medidas preventivas durante las investigaciones.
El documento, fechado el 29 de octubre de 2026, fue dirigido a la XVII Legislatura del Congreso de Baja California Sur, donde sus promoventes solicitan que sea turnado a las comisiones correspondientes para su análisis y eventual dictaminación.
Por ahora se trata de una propuesta ciudadana que no ha sido aprobada y que deberá someterse a revisión legislativa antes de cualquier modificación a las leyes estatales.