La Paz, BCS.– Luego de que en días recientes circularan en redes sociales fotografías de un helicóptero presuntamente aterrizando en la zona de Sierra La Laguna, lo que generó especulaciones sobre posibles desarrollos turísticos o inmobiliarios dentro del Área Natural Protegida, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) aclaró que no existe ningún proyecto en curso que ponga en riesgo la conservación de la reserva.
En un comunicado oficial, la Conanp, a través de la administración de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, precisó que las imágenes se relacionan con un cambio de propiedad en el predio Nuestra Señora del Rosario, ubicado en la subzona de amortiguamiento, también conocida como zona de uso público, pero que dicho proceso se dio entre particulares y no implica afectaciones al ecosistema ni autorización de nuevos desarrollos.
“El cambio de propiedad no compromete la conservación del área. Toda actividad en la zona está sujeta al decreto de creación de 1994 y al Programa de Manejo vigente publicado en 2003”, señaló la dependencia.
El programa de manejo establece que en esa subzona están permitidas actividades como:
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conservación,
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educación ambiental,
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turismo de bajo impacto,
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senderismo,
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monitoreo ecológico,
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y restauración ambiental.
En contraste, queda estrictamente prohibida la instalación de infraestructura agropecuaria, asentamientos humanos, minería, ganadería, agricultura, silvicultura, UMA’s, aprovechamiento forestal o bancos de material, así como cualquier otra actividad que implique modificación del entorno natural.
🏞 Zona estratégica para la vida de Baja California Sur
La Conanp también recordó que la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna es fundamental para el equilibrio ecológico del estado, ya que provee más del 65 % del agua que consume Baja California Sur, y sustenta actividades productivas como la ganadería, el turismo ecológico y la agricultura de traspatio.
En la reserva coexisten diversas formas de tenencia de la tierra: ejidos, propiedad privada, condueñazgos y terrenos nacionales, todos sujetos a los principios de conservación y al marco jurídico ambiental.
Con esta aclaración, las autoridades buscan frenar la desinformación y reforzar el mensaje de que la reserva sigue protegida, tanto en su zona núcleo como en las áreas de uso público, donde cualquier intervención requiere evaluación ambiental y autorización federal.