En las más de dos décadas del conflicto por el transporte turístico ha habido un factor determinante:
Autoridades locales que son juez y parte en el tema.
Gobernadores, alcaldes y directores de transporte que han actuado en su mayoría contra choferes de plataformas digitales y transportadoras turísticas en una supuesta “aplicación de la Ley”.
Pero que por el otro lado son concesionarios de taxis.
Y por si fuera poco, para nadie es desconocido el pacto político de todo aquel que ha sido gobernador y alcalde en este mismo periodo con los gremios de taxistas cabeños.
En una extensa y bien documentada investigación periodística, mi compañera de HOYBCS, Grace Gámez en octubre de 2022 publicó un reportaje donde señalaba que al menos 5 funcionarios de alto nivel de los gobiernos estatal y municipal y/o sus familiares aparecen como concesionarios de taxis en Los Cabos:
El director de la Unidad de Transporte y Movilidad del gobierno del estado, Martín Guadalupe Salinas Ceseña; el exdirector Municipal de Transporte de Los Cabos, Ramón Ceseña Ceseña; el exalcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa; y familiares del alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, y del delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora Ceseña.
En cuanto a Martín Ceseña que es el único de la lista que aún se encuentra en el cargo, el reportaje revela:
“Martín Guadalupe Salinas Ceseña, actual director de la Unidad de Transporte y Movilidad del gobierno del estado, con la concesión número 890 de automóvil de alquiler con chofer (taxi) adquirida el 28 de noviembre de 1996 en Cabo San Lucas”.
“Salinas Ceseña también figura como uno de los accionistas de “Transportes Turísticos El Sauzal”, de acuerdo con el acta constitutiva obtenida mediante el Sistema Integral de Gestión Registral (Siger), de la Secretaría de Economía; dicha empresa cuenta también con la concesión de taxis número 7382 para operar en Cabo San Lucas. El funcionario es parte del gremio desde 1996, dueño de una empresa que tiene taxis y expresa públicamente su apoyo hacia ellos”.
Conflicto de transporte en Los Cabos: Taxis en manos de funcionarios y sus familias
Pero que un director de transporte, que tiene como responsabilidad representar y ordenar a todos los sectores del transporte sea concesionario en un sector no sólo es moralmente incorrecto, si no que contraviene a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo Artículo 3, fracción VI que define sobre el conflicto de interés de los servidores públicos:
“La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.”
Por donde se le vea en el caso de Martín Salinas, tiene un conflicto de interés para desempeñar su función.
Pero por otro lado, el Gobernador Víctor Castro ha abonado al conflicto.
Cuando al inicio de su administración se agravó el pleito entre los choferes de plataformas digitales en Los Cabos y los taxistas, contra toda lógica entregó 175 nuevas concesiones de taxis en Los Cabos y en toda su administración van más de 400 nuevos permisos.
Y cuando en la pasada administración estatal y la antepasada legislatura se presentó una iniciativa de ley de movilidad que regulaba las plataformas digitales en Baja California Sur para evitar el conflicto posterior, Víctor Castro como líder moral de Morena operó con sus diputados y aliados para boicotear la Ley.
Y una vez en el poder como Gobernador, se aprobó la Ley de Movilidad sin incluir a la modalidad de transporte de pasajeros por plataformas digitales.
Resultado: Una “cacería” de UBERS y protestas de éstos con cierre de la carretera Transpeninsular.
Entonces por un lado tenemos a choferes de taxis, transportadoras turísticas y de plataformas digitales literalmente peleando por el turista (por que nadie se pelea para dar el servicio a las colonias populares).
Y que por sus conflictos con la autoridad deciden acciones que terminan afectando a todo el sector turístico como se vio en el bloqueo del pasado martes al acceso al aeropuerto.
Pero por el otro, tenemos autoridades locales que avivan el conflicto y generan desconfianza por representar los intereses de una sola de las partes.
Y los que nos queda es un caldo de cultivo perfecto para el conflicto.
Si se quiere abonar en la solución, se debe legislar que ningún director de transporte estatal o municipal tenga intereses con un gremio del transporte.
Se debe de avanzar en una legislación de movilidad y transporte que incluya a todas las modalidades del servicio.
Y se debe acabar el clientelismo electoral como moneda de cambio y pago de favores o lealtades.
Si de verdad se quiere acabar con el conflicto de transporte turístico en Los Cabos.
Las autoridades no pueden ser juez y parte.
