La XVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal, supuestamente con el objetivo de tipificar y sancionar los discursos de odio, sin embargo, especialistas en derecho advierten que esta modificación representa una “Ley Mordaza” que pone en riesgo la libertad de expresión en Baja California Sur.
El pleno de la XVI Legislatura modificó la denominación del Capítulo II del Título Séptimo del Código Penal estatal, de Discriminación a “Delitos Cometidos entre Integrantes de la Familia y Delitos por Discriminación contra la Dignidad de las Personas”, y adicionó el artículo 205 Ter con el que se tipifica el discurso de odio.
La reforma fue aprobada con nueve votos a favor, seis abstenciones y cero votos en contra, el dictamen fue presentado por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, como iniciativa de la diputada María Guadalupe Moreno Higuera (Morena).
En el artículo 205 Ter quedó establecido: “Se impondrá de dos a cuatro años de prisión o multa de doscientos cincuenta a cuatrocientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta trescientos días de multa al que por medio de la palabra, escrito, gestos, simbología o cualquier otro medio de comunicación o comportamiento realice un acto peyorativo o discriminatorio e incite a cualquier acto de violencia contra cualquier persona, generando expresiones de hostilidad e intolerancia, ya sea en razón de su religión, su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género, orientación sexual u otro factor de identidad señalado en el artículo 205 de este Código”.
El abogado, Adrián de la Rosa Escalante, reiteró que esta modificación sí representa un riesgo contra la libertad de expresión en Baja California Sur.
“Yo estimo que sí porque cualquier persona pudiera llamarse discriminada. La esencia del párrafo quinto del artículo primero Constitucional, que contiene las categorías jurídicas de discriminación y otras que pudieran generarse, no busca generar tensiones entre las libertades y los derechos”, declaró.
“En este caso me parece que se equivoca el legislador al pronunciar una norma que lo que está haciendo, en lugar de resolver un problema, genera la confrontación de su norma con la libertad de expresión”, agregó.
En un caso específico, coincidió en que también habría un riesgo por el uso de memes o caricaturas para la crítica del desempeño de servidores públicos.
“Sí, claro (hay un riesgo) porque no tiene límites, es decir está planteado de una manera que para ti o para mí o para cualquier ciudadano pudiera resultar gracioso, para la persona a la cual va destinada, por ejemplo una caricatura de tipo político, podría resultarle discriminatorio”, comentó.
Señaló que en el espectro de la caricatura política se pronuncian un poco más los rasgos de las personas para que sean visibles para todos, incluso esta técnica eso pudiera ser considerado violatorio con la reforma aprobada por el Congreso de Baja California Sur.
“O los memes que solemos reenviar, entonces cuántos responsables de un delito, al reenviar un meme que nos parece gracioso. Alguien pudiera decir: ´es que me afecta a mí y entonces voy a denunciar a toda la cadena que se hizo´”, explicó el abogado.
Según el especialista en derecho, la reforma crea tensión directa con el principio constitucional de la libertad de expresión por una mala comprensión de la conducta sancionable y por deficiencias técnicas, lo cual afecta no sólo al gremio periodístico sino a toda la sociedad en general.
Coincidió en que no es un asunto de negar la necesidad de sí haya reformas o leyes que eviten los discursos de odio, sino que se habla de la técnica con la fue aplicada esta reforma, al grado en que si se reclama a un servidor público, podrían denunciar una agresión por discurso de odio.
“Me parece, y esta es la parte que digo yo que es muy desafortunada, también por el momento político, de pretender amordazar, frenar cualquier discurso que ellos puedan estimar de odio simplemente por ir dirigido a una falta de cumplimiento en las obligaciones que como funcionarios públicos tienen”, subrayó.
“Estamos cayendo más allá de lo aberrante en ya no permitir ni siquiera que alguien reproche públicamente una conducta que no está acorde al marco normativo que prevalece y que ellos están buscando a todos tiros evadir y que nadie les reclame”, añadió.
Ante esta situación, enfatizó que el único camino es el amparo contra la ley cuando sea promulgada, además recordó que el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, tiene la facultad de vetar la norma dentro del proceso legislativo.
