Congreso desaprueba cuentas públicas de Institutos de las Mujeres y de Cultura de Los Cabos de 2023, irregularidades por 4.7 mdp

La Paz, Baja California Sur.- La XVII Legislatura del Congreso del Estado desaprobó las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2023 de dos organismos descentralizados del municipio de Los Cabos: el Instituto de las Mujeres y el Instituto de la Cultura y las Artes, tras detectarse irregularidades financieras por un total superior a los 4.7 millones de pesos.

De acuerdo con el dictamen emitido por la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS), ambos institutos presentaron faltas graves en la comprobación del gasto público, además de incumplir con la normativa de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Irregularidades millonarias

En el caso del Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos, la ASEBCS observó un sobregiro de 1 millón 782 mil pesos, derivado de gastos que superaron los ingresos recaudados durante el ejercicio fiscal.

Además, la diputada Lupita Saldaña (PAN) precisó que el instituto contó con un presupuesto total de 24.7 millones de pesos, de los cuales 10.6 millones (casi el 50%) fueron observados por la Auditoría, al no haberse comprobado adecuadamente.

“Es urgente que se establezcan estrategias para fortalecer la supervisión y acompañamiento a los entes fiscalizables; no puede seguir existiendo tal nivel de opacidad en el uso de los recursos”, señaló la legisladora.

Por su parte, el Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos no entregó la documentación comprobatoria ni justificó el uso de 2 millones 978 mil pesos, ni acreditó el reintegro correspondiente en caso de no haber sido ejercidos.

Acciones legales y responsabilidades

Ante estos hallazgos, el Congreso instruyó a ambos institutos a implementar medidas correctivas inmediatas y cumplir con las recomendaciones de la ASEBCS, a fin de evitar la reincidencia de omisiones administrativas.

Asimismo, se ordenó a la Auditoría Superior del Estado iniciar los procedimientos legales necesarios para el fincamiento de responsabilidades administrativas y penales, así como determinar los daños y perjuicios al erario público y promover la indemnización correspondiente.

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