Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS) informaron sobre una supuesta destitución de la presidenta del órgano autónomo, Charlene Ramos Hernández, sin embargo, en conferencia de prensa reconocieron que este proceso no está avalado por el Congreso del Estado.
El consejero, Alejandro Maldonado, aseguró que la “destitución” se llevó a cabo en una sesión del Consejo de la CEDHBCS, donde los integrantes “votaron a favor” de quitar a Ramos Hernández del cargo.
Sin embargo, en la misma conferencia de prensa, las y los consejeros confirmaron que el Congreso del Estado, que es el único facultado para destituir o nombrar a titulares de la CEDHBCS, no ha celebrado ninguna sesión en donde decida que Charlene Ramos debe dejar la Presidencia.
Además, en un audio presentado por Alejandro Maldonado, se escucha que las y los consejeros se autodesignan como “presidentes interinos”.
Al ser cuestionados sobre el marco legal en el que actúan, las y los consejeros respondieron que el artículo 23 de la Ley Orgánica los faculta para destituir a la presidenta.
No obstante, este artículo que se encuentra en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur no otorga tal facultad, sino que describe la función del Consejo Consultivo.
“El Consejo Consultivo es el órgano de representación ciudadana de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que estará́ presidido por el titular de la Comisión Estatal e integrado por cinco personas de reconocido prestigio en la sociedad, que desempeñen funciones de opinión y análisis respecto de la situación que guardan los derechos humanos en la entidad, así́ como de la buena marcha de la propia Comisión”, dice el artículo 23.
Cabe mencionar que del artículo 24 al 30 de dicha Ley, donde se abordan las funciones de las y los consejeros de la CEDHBCS, tampoco se otorga facultad para destituir a la titular del órgano autónomo.
En respuesta a estas acciones, Charlene Ramos ya ha interpuesto una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en contra de las y los cuatro consejeros por usurpación de funciones y simulación de pruebas.
