Ciudad de México.– El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa, al considerar que esta facultad forma parte de medidas administrativas de carácter preventivo para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La decisión se dio al analizar reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, donde la mayoría de ministros concluyó que el congelamiento de cuentas no constituye una sanción penal, sino una acción cautelar que busca evitar que recursos de procedencia ilícita continúen circulando en el sistema financiero.
Con este criterio, la UIF podrá incluir a personas físicas y morales en la lista de cuentas bloqueadas de manera directa, sin intervención previa de un juez o del Ministerio Público, siempre que existan indicios de operaciones irregulares.
Durante la discusión, los ministros que respaldaron la medida argumentaron que el bloqueo es temporal y que las personas afectadas conservan el derecho de audiencia, así como la posibilidad de impugnar la decisión ante tribunales, lo que garantiza un mecanismo de defensa posterior.
Asimismo, señalaron que este tipo de herramientas están alineadas con estándares internacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
No obstante, la resolución generó posturas encontradas al interior del máximo tribunal. Ministros que votaron en contra advirtieron que permitir el bloqueo sin orden judicial podría vulnerar derechos fundamentales como la propiedad, la seguridad jurídica y la presunción de inocencia, al dejar en manos de una autoridad administrativa una facultad de alto impacto.
El fallo representa un cambio respecto a criterios anteriores de la propia Corte, que limitaban esta facultad a casos derivados de solicitudes internacionales. Con la nueva resolución, la UIF podrá aplicar el congelamiento también en investigaciones de carácter nacional.
Especialistas en materia financiera y legal señalan que esta medida fortalece la capacidad del Estado para reaccionar de manera inmediata ante posibles operaciones ilícitas, aunque también subrayan la necesidad de garantizar controles y mecanismos efectivos para evitar abusos.
