Un ciudadano estadounidense que habría permanecido privado de la libertad durante aproximadamente dos años en el centro de rehabilitación “Albergue María Loreto León Beltrán” fue localizado durante un operativo interinstitucional, informó Rosalba Ibarra, fundadora del colectivo Búsqueda San José, quien señaló que existen varias denuncias de presuntos abusos e irregularidades cometidos en ese sitio.
De acuerdo con Ibarra, el hombre habría sido interceptado por policías municipales en San José del Cabo, quienes presuntamente le quitaron su pasaporte y lo trasladaron al centro de rehabilitación, donde permaneció encerrado.
La activista explicó que el extranjero se encuentra en estado de trauma y que, hasta el momento, no se cuenta con información suficiente para establecer su identidad ni las circunstancias exactas de su llegada al lugar.
“Rescatamos a un extranjero que también estaba privado de la libertad en ese lugar y que estaba encerrado en un calabozo”.
El caso salió a la luz después de que otra persona denunciara haber sido trasladada al mismo centro tras ser detenida por policías municipales y llevada a barandilla. Según el testimonio que recibió Ibarra, el director del establecimiento habría acudido por él y por otros internos. La víctima habría solicitado permiso para comunicarse con su madre, pero se lo negaron.
Tras recibir mensajes y llamadas anónimas que señalaban una posible participación de policías municipales, la activista decidió hacer público el caso para exigir la presentación de la persona. Posteriormente, el hombre fue regresado a barandilla y las autoridades municipales informaron que había sido detenido en la comunidad de Guaymitas, donde se ubica el centro de rehabilitación, bajo el argumento de disturbios.
Ibarra indicó que, después de difundir los hechos, comenzaron a acumularse más denuncias de personas que señalaban presuntos abusos e irregularidades en el establecimiento.
La cantidad de testimonios derivó en un operativo con participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, en el que, según la activista, se recabaron evidencias para integrarlas a una carpeta de investigación ya abierta. Afirmó que la Policía Municipal no fue convocada formalmente a la intervención.
La fundadora del colectivo agregó que también tuvo contacto con otros jóvenes que presuntamente fueron trasladados al lugar sin autorización y permanecieron incomunicados de sus familias, varios de ellos originarios de Tijuana y Mexicali.
“Deberíamos de tener autoridades e instituciones aliadas a que no desaparezcan personas y, desgraciadamente, estamos descubriendo lo contrario”.