La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Charlene Ramos Hernández, recalcó que uno de sus principales compromisos será asegurar que todo el personal del organismo reflexione sobre el cumplimiento de la normatividad interna.
Esto, recordando que en la anterior gestión se violaron derechos humanos en contubernio con la XV Legislatura del Congreso del Estado, cuando se quitaron facultades a los consejeros estatales.
Durante los últimos años, luchó legalmente para regresar sus derechos a las y los consejeros electorales, dando revés a la reforma promovida por la entonces diputada de Morena, Petra Juárez, en colusión con integrantes del Frente de la Familia.
“Debo compartirles mi gran sorpresa al donar mis servicios como consejera estatal, cargo honorario que he ejercido sin pago desde 2019 y ha sido la constante y sistemática resistencia al cumplimiento de la ley al interior de esta institución, al grado de trabajar para cambiar la ley de manera retrograda con tal de obtener la impunidad legal que protegiera las arbitrariedades que hoy son de conocimiento público y muchas otras que se han mantenido en silencio por decisión personal de las víctimas”, recordó.
Por otra parte, enfatizó que hay otros pendientes primordiales en los que debe cumplir la CEDH y que implementará ahora que ha sido electa por el Congreso para presidir de 2023 a 2027.
“Empezando con asuntos tan básicos y negligentemente abandonados, como el uso de lenguaje en al menos 3 etnias oficialmente reconocidas en el estado”, comentó.
Hizo hincapié en la deficiencia de la Comisión en el uso de tecnologías, por lo que se compromete a implementar la integración de formatos accesibles y ajustes razonables en el sitio de internet.
“Los derechos humanos son el mínimo indispensable de la dignidad humana y el límite que el Estado tiene la obligación de respetar para legitimarse y mantener la paz”, agregó.
En su comparecencia ante la XVI Legislatura se presentó como una abogada experta en derecho mexicano, con conocimiento del derecho anglosajón.
También es perito traductora, con maestría, acreditamientos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con más de 20 años en activismo en derechos humanos.
Enfatizó que estas dos décadas de activismo han resultado en la eliminación de la atenuante de homicidio por celos y la incorporación del feminicidio en el Código Penal de Baja California Sur, cambiando la pena del asesinato de una mujer por razones de género de 5 a 60 años.
También colaboró en la abrogación de la tenencia y el caso de Flora, mujer indígena que fue secuestrada y violada, a quien las autoridades y administraciones pasadas le negaron la protección, por lo que se necesitó la intervención del Senado a fin de garantizar sus derechos humanos.
Mencionó que cuenta con 17 años de experiencia en atención a migrantes también para instaurar la reflexión como un componente fino y sustancial del proceso de gobierno en los ejes del Plan Estatal de Desarrollo.
