En Los Cabos cuatro grandes proyectos turísticos denominados Playa Gorda, Punta Gorda, Gran Coral y Vidanta se encuentran pausados por encontrarse inmersos en un proceso con tintes de irregulares al que fueron llevados desde 2006 por tres administraciones del Gobierno del Estado del PRD y PAN para dejar en desuso y sustituir el camino costero a Cabo del Este.
Al tratar de cerrar la pinza con la tercera actualización del PDU, de la mano con el gobierno municipal petista de Christian Agúndez comenzó a brotar el lodo: la Junta Estatal de Caminos no tenía facultades para llevar a cabo dicha sustitución.
Y el Gobierno Municipal que sí tiene facultades a través de la Comisión de Caminos Rurales, nunca inicio el proceso, es decir, el trámite seguido por los empresarios por más de una década, estaría viciado de nulidad.
En Todos Santos, el proyecto turístico Palmoral, que según la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga “tenía todos sus permisos en regla” fue clausurado temporalmente por la Profepa debido a que no contaba con permisos ambientales federales para construir en una zona de palmar.
Más aún, la actualización del Programa Subregional de Desarrollo Urbano de Todos Santos-Pescadero-Las Playitas que permitía la expansión del proyecto turístico, se encuentra en tela de duda por que no se habría cumplido el requisito de la consulta pública en los términos que marca la ley.
Y ahí en La Paz también, ayer se conoció que el ex alcalde Rubén Muñoz y los ex regidores Juan Ramón Domínguez y Pilar Eduardo Carballo fueron vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
De acuerdo a la Fiscalía Anticorrupción del estado, se les procesó penalmente por haber entregado de manera ilegal un permiso de cambio de uso de suelo al proyecto inmobiliario “Misión Punta Norte”, que pretendía la construcción de 2 mil 600 viviendas en más 4 mil 600 lotes en inmediaciones de la carretera La Paz-San Juan de la Costa; el cual también fue cancelado.
Ahora bien en los tres casos podría decirse que se trata de triunfos de la sociedad, por que fue por la movilización social en la mayoría de los casos, que se han detenido por el momento los proyectos que supondrían una afectación al patrimonio público y en el caso de Todos Santos, al medio ambiente.
Pero por otro lado también son millones de dólares de inversionistas detenidos.
Como estado y municipios cuya principal actividad económica es el turismo, el mensaje a los potenciales inversionistas no es deseado.
Con estos casos la sociedad al parecer ya entendió que en temas de desarrollo urbano y turístico no se puede quitar la lupa de las actuaciones de los gobiernos.
El mensaje entonces es a los desarrolladores:
Cuando un gobierno les pida plena confianza para invertir, pongan atención a todos los detalles.
Sobre todo si sus proyectos pudieran significar una afectación para la población.
Si es así, aprendan a socializar directamente con los ciudadanos.
No a través de gobiernos que no gozan de la confianza del pueblo.
Cuando un gobierno les diga que todo está bien, todo puede estar mal.
PORQUE SI NO, TODO LO CONSTRUIDO PUEDE VENIRSE ABAJO.