CDMX.-La Fiscalía General de la República sostuvo que el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre pasado en el tramo Chivela–Nizanda, en Oaxaca, fue provocado por exceso de velocidad, de acuerdo con la investigación ministerial que derivó en órdenes de aprehensión contra tres trabajadores del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
Una jueza federal con sede en Chiapas libró las órdenes por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, al considerar que las acciones y omisiones de los imputados guardan relación directa con el accidente que dejó 14 personas muertas y más de 100 lesionadas.
Según la FGR, el maquinista es señalado como el principal responsable operativo por conducir el tren a 65 kilómetros por hora, pese a que el límite permitido en ese tramo era de 50, lo que habría generado la fuerza centrífuga que provocó el descarrilamiento en una curva pronunciada.
En cuanto al conductor, la acusación se centra en que no accionó el freno de emergencia, aun teniendo conocimiento del exceso de velocidad con el que circulaba el convoy, en el que viajaban más de 200 personas. Esta omisión, sostuvo la Fiscalía, impidió que el tren se detuviera a tiempo.
El jefe de despachadores, tercer imputado, fue señalado por falta de supervisión e intervención, al no adoptar medidas para frenar la marcha del tren, pese a contar con atribuciones para hacerlo, lo que contribuyó al siniestro, de acuerdo con la resolución judicial.
La jueza consideró relevante que tanto el maquinista como el conductor no contaban con licencia federal ferroviaria vigente al momento del accidente, ya que ambos permisos estaban vencidos, elemento que refuerza la presunción de negligencia.
La orden de captura se apoya en más de 50 datos de prueba, entre peritajes técnicos, necropsias, testimonios de víctimas y testigos, dictámenes médicos, análisis de las cajas negras y reportes de mantenimiento. Con base en estos elementos, la autoridad judicial concluyó que la vía férrea y la infraestructura estaban en condiciones operativas, descartando, por ahora, fallas estructurales o responsabilidades penales para la empresa y mandos superiores.