El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció que el Gobierno del Estado de Baja California Sur incumple con la Ley 3 de 3 por haber entregado el nombramiento de subsecretario de Gobierno a Alberto Rentería Santana, quien fue el primer funcionario sancionado por violencia política de género en la entidad.
La diputada local del PRD, María Luisa Ojeda González, explicó que se trabaja en este exhorto en la Cámara de Diputados, a través de las legisladoras Gabriela Sodi, Elizabeth Pérez y Claudia Castello.
Fundamentó la solicitud ante el hecho de que es la primera vez que se vivirá un proceso electoral donde se acaba de aprobar la reforma de la Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres.
Por ello calificó como inadmisible que en el contexto de una campaña como ¡Párale a la Violencia!, que promueve el gobierno de Víctor Castro Cosío, se esté dando un nombramiento a una persona que está en el Registro Nacional por Violencia Política en Razón de Género.
“Como bien lo decía la compañera, no importa el partido político donde estén las compañeras militando, donde sea que esté un agresor, lo importante es que ninguna mujer debe ser violentada y lo que una mujer está viviendo lo puede vivir cualesquiera”, expuso.
“No podemos permitir que se esté dando un puesto de asignación de ese rango a una persona que está en el Registro Nacional por Violencia Política en Razón de Género”, agregó.
Con respecto al exhorto, aclaró que ya pasó por la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la Cámara de Diputados y ya pasó a comisiones, a partir de ahí, una vez aprobado, esperan que pase a tribuna.
“Hasta 2024, él deja de estar en el registro del padrón, considero que es por ética, somos de los 9 estados con mayor índice de violencia política en razón de género, en el registro nacional somos el estado número 6 con 13 registros de violencia política de género”, argumentó.
“Creo que no nos da una buena lectura lo que se está haciendo y se debe de reconsiderar, para qué se hace todo un procedimiento si no se va a cumplir, si se va a vulnerar porque hay protección para algunas personas, porque hay impunidad para algunas personas; mientras que para los ciudadanos hay intimidación y hay sanción”, finalizó.
