Ayer en este espacio de opinión comentaba que luego de la intervención de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en lo político se había dado un gran avance para evitar el desuso o inhabilitación del camino costero a Cabo del Este, pero el gobernador Víctor Castro también tiene en su cancha la definición legal de la validez de la tercera actualización del PDU a través del dictamen de congruencia.
Ahora bien, durante su gira ayer por Los Cabos, en compañía del alcalde Christian Agúndez, el Gobernador fue más contundente en cuanto a las acciones que habrán de tomar el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal en el tema:
“… ese camino que ha sido del pueblo se mantendrá del pueblo, el Gobierno del Estado va a mantener libre ese camino junto con el Ayuntamiento de Los Cabos”.
Y fue a más:
“Las playas no deben de privatizarse, ya hubo muchos años de despojo; muchos años que se uso la ley para beneficiar a unos pocos, está bien que haya desarrollo, pero que respeten el medio ambiente, que respeten nuestras playas que respeten nuestros derechos; ningún negocio por más grande que sea, no van a pasar por encima del interés social”.
Ahí está la postura, es pública.
Así, una parte fundamental para la resolución de cualquier tema que tiene que ver con el gobierno, la voluntad política, en el caso de mantener para el pueblo el camino costero a Cabo del Este, al parecer ahí está.
Vamos con lo legal.
Allá por el 2016 a nivel nacional se realizó una reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano donde se creo un instrumento denominado dictamen de congruencia, con el objetivo de que todo lo que tuviera que ver con el desarrollo urbano de los municipios, estuviera armonizado con los planes de desarrollo urbano federales y estatales.
Así, el Dictamen de Congruencia de un Plan de Desarrollo Urbano es un documento que emite la autoridad estatal o federal para verificar que dicho plan se ajuste a las disposiciones establecidas en planes y normativas de orden superior, como los Programas Estatales de Desarrollo Urbano, los Programas Nacionales de Desarrollo y otras regulaciones en materia territorial y ambiental. Su propósito es garantizar que el crecimiento urbano sea ordenado, sostenible y acorde con los lineamientos estratégicos de planificación territorial.
Y el espíritu de este es instrumento en los hechos es “amarrar las manos” a cabildos municipales de modificar planes de desarrollo urbano por intereses particulares.
Así, en cuanto a las actualizaciones a los planes de desarrollo urbano de los municipios Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano señala:
Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas:
Fracción VII. Analizar y calificar la congruencia y vinculación con la planeación estatal, que deberán observar los distintos programas municipales de Desarrollo Urbano, incluyendo los de los municipios asociados, conurbaciones o zonas metropolitanas, a través de dictámenes de congruencia estatal.
Artículo 11. Corresponde a los municipios:
Fracción XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 115, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las leyes en la materia tanto nacional como de Baja California Sur establecen los pasos a seguir para la valides de una actualización del PDU como en el caso del procesos que sigue la tercera actualización del PDU de Los Cabos:
-Aviso de inicio.
-Formulación de programa (construcción del plan de desarrollo o modificación del mismo).
-Consulta pública a la ciudadanía interesada.
-Respuestas fundadas y motivadas a los participantes de la consulta si sus propuestas se incluyeron o no en el documento.
-Aprobación por parte de la autoridad municipal, es decir el cabildo.
Hasta acá vamos con la tercera actualización del PDU cabeño.
¿Qué sigue?
Artículo 44. El ayuntamiento, una vez que apruebe el plan o programa de Desarrollo Urbano, y como requisito previo a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, deberá consultar a la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate, sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de dicho instrumento con la planeación estatal y federal. La autoridad estatal tiene un plazo de noventa días hábiles para dar respuesta, contados a partir de que sea presentada la solicitud señalará con precisión si existe o no la congruencia y ajuste. Ante la omisión de respuesta opera la afirmativa ficta.
EN CASO DE NO SER FAVORABLE, EL DICTAMEN DEBERÁ JUSTIFICAR DE MANERA CLARA Y EXPRESA LAS RECOMENDACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES PARA QUE EL AYUNTAMIENTO EFECTÚE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES.
Aquí es donde entra el Gobierno de Víctor Castro; a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano, le toca revisar que la tercera actualización del PDU aprobada por el XV Ayuntamiento de Los Cabos, donde Alcalde, Síndica y mayoría de regidores aprobaron el desuso del camino costero, cumpla con los planes estatales de desarrollo urbano.
Solamente con su aprobación en el dictamen de congruencia, la tercera actualización del PDU de Los Cabos podrá ser publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y con ello ser vigente y legal.
Aquí es donde lo dicho por Víctor Castro de no permitir el desuso del camino costero se puede convertir en hechos.
La ley le da 90 días hábiles una vez presentado por el Ayuntamiento ante la Secretaría la tercera actualización del PDU.
Mientras tanto, todos los ojos de los cabeños estarán atentos hoy en el evento de 100 días del alcalde Christian Agúndez para conocer de viva voz del Presidente Municipal sobre su compromiso y pasos a seguir para garantizar que el camino costero se mantenga y a que se refiere con “una mesa de diálogo” que anunció en su nombre el Gobernador.
El pueblo, atento.
