La Paz, Baja California Sur.- La diputada local de Morena, Teresita de Jesús Valentín Vázquez, presentó una iniciativa para incorporar esquemas de flexibilidad laboral para trabajadores del Gobierno del Estado y ayuntamientos de Baja California Sur, incluyendo horarios escalonados, trabajo a distancia y permisos para asistir a actividades escolares de hijas e hijos.
La propuesta busca adicionar una nueva fracción al artículo 44 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, estableciendo la obligación de las dependencias públicas de implementar mecanismos laborales flexibles “sin afectar la prestación del servicio público”.
Entre las medidas planteadas se incluyen:
horarios flexibles,
ajustes de jornada,
modalidades híbridas o a distancia,
y permisos previamente autorizados para asistir a festivales, ceremonias escolares, reuniones académicas, citas médicas o emergencias familiares.
La legisladora argumentó que muchas madres y padres trabajadores enfrentan dificultades para equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares, particularmente en municipios con amplias distancias territoriales y dinámicas laborales complejas.
Sin embargo, la propuesta ya comienza a generar cuestionamientos sobre la viabilidad operativa de este tipo de medidas dentro del servicio público, especialmente en áreas donde ciudadanos constantemente denuncian lentitud administrativa, falta de personal, rezago en trámites y deficiencias de atención en oficinas gubernamentales.
Aunque la iniciativa establece que las medidas deberán aplicarse sin afectar la prestación de servicios, el proyecto deja en manos de cada dependencia la emisión de lineamientos internos y criterios de aplicación, lo que podría abrir margen a discrecionalidad o desigualdad en su implementación.
Otro de los puntos que llama la atención es que la reforma contempla permisos para asistir a actividades escolares relevantes de hijas e hijos, como festivales o ceremonias, bajo el argumento de fortalecer el acompañamiento emocional y familiar de niñas y niños.
La iniciativa también incorpora principios de igualdad, no discriminación y perspectiva de género, señalando que estos mecanismos no deberán afectar salario, prestaciones ni desarrollo profesional de los trabajadores.
En caso de aprobarse, las dependencias estatales y municipales contarían con un plazo de 180 días naturales para emitir lineamientos internos y adecuar sus políticas laborales.