Ciudad de México.– La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que endurece las penas de prisión por el delito de despojo, estableciendo sanciones de hasta 10 años de cárcel, así como multas superiores a 226 mil pesos, con agravantes más severas cuando los responsables sean servidores públicos o cuando las víctimas sean personas en situación de vulnerabilidad.
El diputado de Morena, Gerardo Ulloa, al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, aseguró que el despojo se ha convertido en “un cáncer social” que no solo crece por omisión de las autoridades, sino también por la complicidad directa de funcionarios con grupos criminales.
“El derecho a la propiedad está siendo vulnerado, y las familias viven con miedo a perder lo que con tanto esfuerzo han construido”, afirmó desde tribuna.
Aumento de penas: hasta 10 años de prisión
El dictamen crea el artículo 395 Bis, que fija sanciones de seis a diez años de prisión y multas que pueden superar los 226 mil pesos.
Además, se establece que las penas aumentarán hasta en una mitad cuando:
El delito se cometa contra personas adultas mayores
Contra personas con discapacidad
Contra personas en situación de vulnerabilidad
Cuando el despojo sea cometido por un servidor público
Ulloa calificó la legislación vigente como “un insulto a la ciudadanía” debido a las penas bajas y la falta de castigo para quienes abusan de su cargo.
Las cifras: miles de casos en zonas gobernadas por Morena
El legislador citó cifras oficiales del Estado de México —gobernado por Morena— donde se registraron más de 42 mil casos de despojo entre 2015 y 2025, especialmente en municipios metropolitanos como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Los Reyes, Chalco, Valle de Chalco y Tecámac.
Ulloa reconoció que los datos evidencian que el delito no distingue color político y que se ha extendido a nivel nacional.
Más castigos cuando exista violencia o amenaza
El cambio al artículo 396 establece que, además de las nuevas penas, se sumará la sanción correspondiente “por la violencia o la amenaza” utilizada en el delito.
También se tipifica como agravante cuando una autoridad ocupa un inmueble o ejerce actos de dominio que lesionan los derechos legítimos del ocupante, o cuando se comete despojo de aguas.
El dictamen fue aprobado por mayoría y ahora continuará su proceso legislativo en el Senado de la República.