Las mujeres trabajadoras del Gobierno de Los Cabos acusaron a la Contraloría Municipal a cargo de Lorena Berber, de ejercer violencia institucional, al reportar casos de hostigamiento y abuso sexual de parte de funcionarios públicos y no obtener respuestas ni acciones dentro de la dependencia.
Las quejas sobresalieron este lunes 27 de marzo tras la conferencia “Violencia Institucional Contra las Mujeres” que organizó la Coordinación Municipal de Derechos Humanos e impartió la activista feminista y psicóloga, Georgina Hernández, quien fundó el Instituto de las Mujeres en el 2009.
Con la voz quebrada, una colaboradora del gobierno expuso que sufrió hostigamiento sexual de parte de un funcionario de primer nivel y que al reportarlo a Contraloría Municipal la respuesta fue que el hecho no había ocurrido dentro del horario de oficina (de 8am a 3pm), sin embargo; la víctima sostuvo que ocurrió en un evento de protocolo del alcalde.
![Hablando de política](https://hoybcs.com/wp-content/uploads/2022/01/Hablandp-de-politica.jpeg)
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“Yo creo que en este caso ya no se trata tanto del agresor, sino de la agresión por parte de quien está en la Contraloría porque no le están dando atención a la humillación”, dijo.
De igual manera, una colaboradora del Instituto Municipal del Deporte (INDEM) tomó el micrófono para exponer una serie de humillaciones que sufrió a manos del exdirector de la dependencia conocido como “Pepe Peruyero”; comentó que se tienen pruebas y testigos, y aún así Contraloría Municipal lleva 9 meses con el procedimiento, sin determinar una falta administrativa.
“Mujeres con puestos públicos altos lo siguen defendiendo, está bien que tengan una amistad con esa persona, lo que no es justo es que no escuchen las dos versiones y no distingan actitudes entre amigos y en el trabajo”, reclamó.
Una trabajadora sindicalizada exhibió que por su desempeño llegó a estar en la presidencia particular pero al descubrir que militaba en un partido distinto al del presidente municipal la cambiaron de área, en la conferencia se le señaló que era discriminación y que podría proceder ante la Procuraduria General de Justicia del Estado (PGJE).