Luego de que el Cabildo del XVII Ayuntamiento de La Paz aprobó el Programa Subregional de Desarrollo Urbano (PSDU) para las comunidades de Los Barriles, Todos Santos y El Sargento, habitantes de estas localidades advierten que no se quedarán de brazos cruzados y que se irán por la vía del amparo.
El argumento principal, señalan pobladores de estas delegaciones, es que el Ayuntamiento de la alcaldesa Milena Quiroga Romero, incumplió con el principio de máxima difusión para consultar sobre esta modificación.
Denuncian que las y los regidores jamás se acercaron a las comunidades para detallar sobre los cambios que vendrían con este proceso, tampoco se realizó una consulta real; en cambio, acusan, el Gobierno Municipal llevó a cabo una simulación que lograron documentar.
“Lo que vamos a hacer es actuar por la vía legal definitivamente porque es la manera de hacer las cosas, porque esto que hicieron es ilegal; no hay representatividad en realidad”, expresaron los ejidatarios.
“¿Los regidores cuándo fueron a consultar a sus sectores? simplemente votaron con base en lo que les ordenaron que votaran”, agregaron.
Las reuniones para exponer el PDU se hicieron en condiciones precarias y adversas, carentes de tecnología como pantallas; sin mobiliario que permitiera la comodidad de las y los asistentes, en espacios con temperaturas altas y en horarios laborales, que claramente no dan la disponibilidad para acudir a las consultas.
Además de que la única difusión que se hizo para invitar a las reuniones se dio por Facebook, según exhiben habitantes de los poblados.
“Si se saca el porcentaje de participación va a ser mínimo, en algunas siete personas, en otras 15, pero eran exactamente las mismas personas. No es que fueron 100 participantes, los mismos se repitieron, eso no es una consulta. En cada sesión que tenían era el reclamo”, subrayan.
Otro punto es que se hicieron diversas observaciones sobre el documento, que no fueron solventadas correctamente ya que no se fundamentaron las respuestas.
Las y los habitantes de estas delegaciones recalcaron en protestas que fue un proceso opaco, sin la debida socialización de ley. Sostienen que el PDU disfraza la privatización de tierras, playas y del agua para que empresas privadas puedan administrarlas.
