Los Cabos, Baja California Sur.–Lo que comenzó como un accidente laboral se ha convertido en una cadena de injusticias y abandono para Alejandra Tovar, una paramédico que asegura haber sido víctima de negligencia patronal, despido injustificado, abuso sexual y para colmo, omisión de autoridades.
Su historia refleja la vulnerabilidad de muchas mujeres trabajadoras en Baja California Sur, cuando el sistema de justicia y las instituciones laborales fallan.
Una historia que ilustra que aún hay un largo camino por recorrer para garantizar a las mujeres sudcaliforniana una vida libre de violencia.
Una mujer ante la indefensión laboral, la violencia doméstica y la indiferencia de las autoridades. ¿Cuántas más así?.
UN ACCIDENTE QUE CAMBIÓ SU VIDA
Hace poco más de un año, Alejandra sufrió un accidente dentro de su jornada laboral mientras trabajaba como paramédico en el desarrollo turístico Villas del Mar, en el fraccionamiento Espíritu de Palmilla, en San José del Cabo.
El percance —ocurrido, según relata, por la falta de mantenimiento en los vehículos de trabajo— le provocó fracturas en ambas piernas y una lesión permanente en las rodillas, que hoy le impide ejercer su profesión.
“Yo era paramédico. Me accidenté en un carrito de golf que estaba en mal estado. Me fracturé las dos piernas. Mi jefe sabía que los vehículos estaban descompuestos, pero no hizo nada. Hoy no puedo trabajar”, denuncia.
Durante su recuperación, Alejandra afirma que no recibió acompañamiento laboral ni jurídico adecuado, y que cuando intentó presentar una denuncia por el accidente, las autoridades le respondieron que “no había nada que denunciar” porque estaba recibiendo atención médica.
Un compañero suyo incluso denunció que su entonces jefe amenazó al personal para que guardara silencio sobre lo ocurrido.
A pesar de esto, no se abrió ninguna carpeta de investigación.
DESPIDO Y HUMILLACIÓN
Cuando finalmente pudo caminar nuevamente, Alejandra fue despedida de manera abrupta, aun cuando tenía una incapacidad vigente y debía reincorporarse con capacidades disminuidas.
“Me despidieron con gritos y humillaciones. Me dijeron que necesitaban la vacante y que mejor me fuera a mi casa. Que aceptara una compensación, ‘pensando en mis hijos’. Pero no me dieron ni liquidación ni indemnización”, relata con impotencia.
Actualmente mantiene una demanda por despido injustificado, interpuesta en junio de 2025.
Desde entonces, la empresa no ha respondido, y asegura que los propietarios del desarrollo desconocen la situación.
VIOLENCIA Y ABUSO EN MEDIO DEL ABANDONO
Mientras enfrentaba su rehabilitación, Alejandra fue víctima de una segunda tragedia: el abuso sexual de su expareja.
Relata que el hombre aprovechó su condición de movilidad reducida para ingresar a su domicilio con el pretexto de convivir con el hijo de ambos, y allí abusó de ella.
“Yo no podía moverme. Estaba recién operada. Él entró diciendo que quería ver a nuestro bebé, y me violó. Ya había intentado matarme antes y lo denuncié, pero lo dejaron libre.”
Pese a haber interpuesto seis denuncias en su contra por violencia, amenazas y abuso sexual, dice, el agresor sigue libre, no paga pensión alimenticia y no ha sido localizado por los notificadores judiciales.
“Siempre dicen que no lo conocen, aunque trabaja en el mismo lugar donde yo me accidenté. Las autoridades se lavan las manos”, lamenta.
UNA MADRE EN LUCHA
Hoy, Alejandra vive sin empleo, con tres hijos que mantener, una casa que debe al Infonavit y al banco, y sin que ninguna autoridad —ni laboral, ni de justicia, ni de protección a víctimas— le haya ofrecido una salida.
“No sé qué más hacer. He tocado todas las puertas y nadie me escucha. Solo quiero justicia. Que se sepa lo que pasó, que se investigue mi accidente, mi despido y la violencia que sufrí. No quiero que otra mujer viva lo mismo.”
Su caso representa un llamado urgente a las instituciones laborales, judiciales y de derechos humanos de Baja California Sur para que actúen ante una situación que combina violencia de género, impunidad y negligencia patronal.
